Juró Michel Temer y asumió la presidencia de Brasil tras salida de Dilma

Su asunción al poder se produjo luego de que Dilma Rousseff fuera destituida por la mayoría en el Senado. Temer, de 75 años, había sido nombrado presidente interino en mayo.
Miércoles 31 de agosto de 2016
Temer había asumido en mayo como presidente interino luego que el Senado suspendiera la mandataria. Temer, de 75 años de edad, designó un gabinete integrado exclusivamente de hombres blancos, una decisión fuertemente criticada en un país donde más de la mitad de la población no es blanca. Tres de sus ministros fueron obligados a renunciar a las pocas semanas de asumir sus cargos debido a acusaciones de corrupción, que también ensombrecen a Temer y amenazan su presidencia.

Cuando Temer anunció la apertura de las Olimpiadas el 5 de agosto, fue abucheado con tanta fuerza que se mantuvo lejos de la luz pública por el resto del evento.

Los aliados de Rousseff han prometido apelar la decisión ante la Corte Suprema. Aunque recursos judiciales anteriores no lograron frenar el proceso de impugnación, por lo menos las batallas legales mantendrán el tema en el candelero.

Panorama

Temer, que ha servido como presidente interino desde que en mayo comenzó el juicio en el Senado, se ha comprometido a impulsar una economía que acumula seis trimestres consecutivos contrayéndose y a poner en práctica medidas de austeridad para tapar un déficit presupuestario récord, que costó a Brasil la calificación de grado de inversión el año pasado.

Este miércoles, el Gobierno dijo que el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo un 0,6% en el segundo trimestre, colocando a la economía en camino a su mayor y más dura recesión en más de un siglo.

Pese a todo, las expectativas de que el estancamiento político pueda acabar pronto tras la salida de Rousseff ayudaron a impulsar la inversión, que se expandió en el segundo trimestre por vez primera en tres años.

El Senado se disponía a votar más tarde el miércoles si se le prohíbe a Rousseff ejercer cargos públicos por ocho años.

Según la Constitución, una presidenta destituida puede perder sus derechos políticos por ocho años, lo que le impediría ocupar cualquier puesto en el Gobierno e incluso enseñar en las universidades