A juntar las monedas: ya rigen los aumentos al transporte público

Para paliar la situación, se encuentran en estudio una serie de proyectos que buscan paliar el inconveniente mediante la creación de tarjetas magnéticas unificadas para colectivos, trenes y subtes.

De este modo, la gente no sólo deberá tener la precaución de contar con más monedas para viajar, sino que pagará más por servicios que no mejoran y que condenan a miles de usuarios a trasladarse en pésimas condiciones, sobre todo en el caso de los ferrocarriles metropolitanos.

El Gobierno Nacional oficializó el aumento del servicio de transporte público de pasajeros a través de una resolución del Ministerio de Planificación Federal, publicada en el Boletín Oficial.

Si bien la medida entró en vigencia este lunes, se comenzará a aplicar desde este martes, y las empresas cuentan con hasta diez días de plazo para implementar el ajuste.

Más allá del aumento, la escasez de monedas para pagar los boletos acaparó gran parte del malestar de las asociaciones representantes de consumidores.

Al respecto, la titular del Centro de Educación al Consumidor (CEC), Susana Andrada, señaló que "el único responsable" es el Banco Central de la República Argentina, que debe "investigar" qué está sucediendo con las monedas.

"Hay un gran agujero negro con el tema de las monedas. Hay cientos de millones de pesos y centavos que no se sabe dónde están", denunció Andrada.

No obstante, señaló que hay dos versiones: por un lado que las monedas se están circulando en los comercios, y por otro que se están realizando exportaciones al mercado negro, donde son vendidas por el valor del bronce y el níquel con el que están confeccionadas.

Sin embargo, "el BCRA asegura que las monedas están", enfatizó la titular del CEC.
Pero remarcó que "lo único que sabemos a ciencia cierta es que la ley indica que cada persona tiene el derecho a cambiar hasta 50 pesos de monedas en cualquier entidad bancaria".

Según estimaciones de distintas entidades de consumidores, la falta de monedas se agravará con la aplicación de las nuevas tarifas de transporte público, dado que a partir de las 00:00 de este martes, el boleto mínimo de colectivo en el área metropolitana pasará de 90 centavos a 1,10 pesos.

No obstante, el Banco Central asegura que volcó un total de 524 millones de unidades de todas las denominaciones en 2008 en el sistema financiero, un 13 por ciento más que en 2007.

Otra novedad es que se volverá a diferenciar el recorrido en tres secciones: la primera, de hasta 3 kilómetros, es la que costará 1,10 pesos; la segunda, entre 3 y 6 kilómetros, 1,20 pesos; y la tercera, de 6 a 12 kilómetros, 1,25 pesos.

Esta última sección hasta el momento era considerada como segunda y costaba 1,20 pesos.

Por su parte, el viaje en subterráneo también pasará de los actuales 90 centavos a 1,10 pesos, y el Premetro de 60 a 70 centavos.

En el caso de los trenes de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur, el pasaje mínimo subirá de 60 a 75 centavos y de 70 a 90 centavos, según el ramal.

"Los aumentos son medidas que deberían haberse dado hace tres años, para blanquear las tarifas, y no en un momento de retracción económica como el actual", se quejó Andrada.

Y agregó que "lo que ocurre es que desde 2003 las empresas concesionarias venían gozando de generosos subsidios que ahora se acabaron, entonces trasladan los cargos al consumidor".

Otras organizaciones de derechos del consumidor también cuestionaron que el Gobierno aplicó los aumentos con poca "previsión" ante el faltante de monedas, y amenazaron con iniciar acciones legales debido a que no se realizaron audiencias públicas previas.

Consumidores Libres anticipó que presentará una acción legal basada en la ley de defensa de los derechos del consumidor y aconsejó a los usuarios del transporte público a "conservar" boletos y comprobantes para futuros reclamos.

Según el presidente de la entidad, Héctor Polino, estos aumentos "en las circunstancias actuales significan un verdadero tarifazo, que será afrontado por los sectores sociales de menores recursos".

"Dichos aumentos no van a significar una reducción de los subsidios y demás beneficios que el Estado otorga a las empresas de transportes", opinó Polino.

Por el contrario, recordó que "en enero del año pasado también se implementó un aumento en el boleto del transporte, con el argumento de que se reducirían los subsidios en 600 millones de pesos, y en cambio, terminaron aumentándolos en 3.150 millones de pesos".

También el titular de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), Osvaldo Bassano, criticó que la modificación tarifaria "fue hecha por decretos" y aseguró que "no está sustentada en normas jurídicas que la habiliten".

"Todos estos aumentos que se van pronunciado de cinco, diez centavos, dada las circunstancias de la problemática de las monedas en los últimos tiempos, en vez de generar una solución, están generando un nuevo problema", agregó el dirigente.

Y estimó que esta situación creará "un disgusto y un malhumor generalizado" entre la gente.

La resolución oficial publicada este lunes en el Boletín Oficial fija un plazo de diez días para que la Secretaría de Transporte, conjuntamente con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), coordine la implementación del aumento con las autoridades con competencia en la materia de la Provincia de Buenos Aires.

Transporte determinará la diferencia que, en concepto de compensaciones tarifarias, se abonará a las empresas de transporte automotor como consecuencia de esta corrección de tarifas.

El Poder Ejecutivo justificó la suba al señalar que "en el marco de la crisis económica y social, se determinó como eje de la política relativa a la movilidad de la población, el mantenimiento hasta 2007 de los niveles tarifarios de los servicios de transporte vigentes a 2001, proveyéndose a tal fin otros recursos que coadyuvaran a la cobertura de los incrementos de los costos de explotación".

"Esos subsidios que se dispusieron para el sector, complementarios de la tarifa, permitieron en el curso de esas excepcionales circunstancias, garantizar a la ciudadanía contar con un servicio público que resulta esencial para cubrir, en forma directa o indirecta, gran parte de sus necesidades", añadió la resolución, que lleva la firma del ministro de Planificación
Federal, Julio De Vido.