Amnistía Internacional denuncia que la crisis de derechos humanos se agrava en Birmania

Bangkok, 24 abr (EFE).- Amnistía Internacional (AI) denunció este miércoles que la crisis de derechos humanos en Birmania (Myanmar) se agravó a lo largo de 2023 debido sobre todo a la represión de las autoridades militares contra la oposición pacífica y a las operaciones contra la resistencia armada.

En su informe anual sobre Derechos Humanos, AI indica que "la intensificación del conflicto armado provocó aún más muertes de civiles y desplazamientos", ya que "las autoridades militares continuaron reprimiendo la oposición pacífica e intensificaron las operaciones contra la creciente resistencia armada".

El informe subraya que el Ejército mató a al menos 1.345 personas en 2023, sobre las más de 4.000, en su mayoría civiles, que había matado desde el golpe de Estado de febrero de 2021 hasta el final de 2023.

"Se cometieron homicidios ilegítimos principalmente en ataques militares aéreos o terrestres que constituyeron castigos colectivos contra la población civil", indicó AI, que denunció también más de 30 muertes bajo custodia.

Birmania vive una grave crisis política, económica y humanitaria desde el golpe de Estado militar de febrero de 2021, que provocó una creciente resistencia cívica y armada y que ha exacerbado los conflictos con las guerrillas de minorías étnicas, a menudo aliadas con las fuerzas prodemocráticas.

Uno de los factores que han hecho empeorar la situación son los bombardeos aéreos del Ejército, que se intensificaron en la zona central del país "con devastadoras consecuencias", como el ataque de abril de 2023 cuando al menos un centenar de civiles, entre ellos 35 niños, fallecieron.

La virulencia de los combates también forzó a más de medio millón de personas a desplazarse el pasado año, según el informe, que destaca que "gran parte de la población desplazada seguía viviendo en condiciones nefastas, a menudo sin artículos ni servicios esenciales y expuesta constantemente a ataques aéreos y otras operaciones militares".

Entre las 2,6 millones de personas internamente desplazadas en el país, figuran unos 148.000 miembros de la etnia rohinyá y de otras etnias de mayoría musulmana, que según AI están "sometidas a un arraigado e institucionalizado sistema de segregación y discriminación patrocinado por el Estado".

Además de la intensificación del conflicto bélico, AI señaló que continuaron las detenciones arbitrarias, con 25.000 arrestados desde la asonada militar de 2021, de los que 20.000, incluidos activistas, defensores de los derechos humanos, periodistas, estudiantes, profesionales del derecho y personal médico.

En este sentido, recordó que "continuaron celebrándose juicios manifiestamente injustos, en los que más de 1.600 personas fueron condenadas a prisión, a trabajos forzados y, en algunos casos, a muerte" y que "los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica seguían gravemente restringidos".EFE

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