Oficialismo incorporó cambios en la reforma y busca que se apruebe en Diputados

El oficialismo buscará sancionar mañana en la Cámara de Diputados el proyecto del Consejo de Magistratura, que propone la elección de sus miembros por el voto popular, pero incorporando cambios para mantener en la órbita de la Corte Suprema la administración del Poder Judicial, con lo cual la iniciativa se convertirá en ley cuando el Senado lo vote en la primera semana de mayo.

La bancada kirchnerista aceptó estos cambios consensuados con el Poder Ejecutivo al considerar que era aceptable la sugerencia de las camaristas federales, ya que no modificaba los puntos centrales de la propuesta diseñada por el gobierno, que son la elección por voto de la ciudadanía de miembros de ese cuerpo colegiado.

De hecho, la iniciativa que es respaldada por el oficialismo, bancadas aliadas y diputados provinciales, mantiene la elección directa de jueces, letrados, y académicos, la reformulación de las mayorías para tomar decisiones del consejo, y habilita a los concursos preventivos para cubrir vacantes.

Para el kirchnerismo contar con apoyo de otras fuerzas políticas es clave para alcanzar los 129 votos positivos requeridos para votar esta iniciativa, ya que tiene solo 113 votos propios y contará con el apoyo de los cuatro legisladores de Nuevo Encuentro, de los siete de Frente Cívico por Santiago, el Interbloque provincial (tres salteños, tres neuquinos, y un bonaerense) y los pampeanos.

La sesión se realizará en medio de un contexto de fuerte puja política por el anuncio de Elisa Carrió de llamar a impedir la votación y marchar al Congreso, que fue acompañada por otros diputados de la oposición, y la campaña de ONG para pedir a un grupo de doce legisladores que no voten por la reforma.

La decisión de incorporar cambios fue anunciada esta mañana por la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Diana Conti, luego de que el presidente del cuerpo, Julián Domínguez, informó de la carta enviada por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, redactada por Gustavo Hornos, en nombre de la mayoría de los camaristas nacionales.

A la tarde, tras recibir a especialistas de entidades dedicadas al derecho, el secretario de Justicia, Julián Alvarez, señaló que son "aceptables algunas de las propuestas" planteadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a "la cuestión presupuestaria, la de superintendencia y administración del personal" previstas en la reforma judicial.

En su exposición Alvarez reivindicó la votación popular de elección de jueces, académicos, y letrados en el Consejo de la Magistratura y señaló que esta democratización de la justicia se puede hoy plantear porque hubo un presidente como Néstor Kirchner que dijo al asumir que "no iba a dejar las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno".

Previamente, el ministro de Justicia, Julio Alak, reivindicó la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura y señaló que "es mejor que a los jueces los elija el pueblo, aún cuando vengan en una lista opositora, y no 700" miembros de una "corporación que se reúnen en una casa".

Al hablar en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Presupuesto, Alak dijo que "no es lo mismo que a los jueces, y abogados los elijan a través de millones de votos, aunque sean de la oposición, que se elijan por un sistema corporativo donde votan 700 jueces y 20.000 abogados".

Posteriormente, Conti especificó las modificaciones al dictamen aprobado en el Senado referido a la administración de los recursos del Poder Judicial y del personal, que tendrán determinados lineamientos para los concursos de acceso de empleados, así como los horarios que deberán cumplir trabajadores y magistrados, que no podrán la docencia en horario de trabajo.

La facultad de mantener en órbita de la Corte la administración del Poder Judicial y que pueda mantener la decisión en la designación de empleados por concurso, obligó a reformular varios artículos de este dictamen y cambiar el proyecto de acceso a la carrera judicial, que está a consideración del Senado.