Macri - Correo Argentino

Ariel Lijo, juez federal, dictaminó la indagatoria del ministro de Defensa, Oscar Aguad, por acuerdo "abusivo" con Correo Argentino SA. Dicha empresa pertenecía a la familia Macri en junio de 2016 y por dicha causa el presidente se encuentra imputado, aunque la única figura del gobierno comprometida es el ministro. En ese entonces, Aguad era ministro de Comunicaciones.

 

El 28 de febrero, el ministro de Defensa deberá presentarse a explicar el porque de la autorización del acuerdo que perjudicaba al Estado y sólo beneficiaba a la compañía de la familia del primer mandatario. Además de Aguad, el subsecretario Juan Manuel Mocora deberá prestar declaración (26 de febrero). Mocora cumple funciones actualmente en el Ministerio de Defenda como subsecretario legal y de Articulación Institucional.

 

Otros de los citados a indagatoria, como “partícipes necesarios” son el presidente de Correo Argentino SA, Jaime Cibils Robirosa; y el abogado de la compañía, Jaime Kleidermacher el 19 y 21 de febrero, respectivamente.

 

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Lijo además investigará el rol del presidente en el acuerdo; si la Oficina Anticorrupción cometió irregularidades al emitir un dictamen avalando los pasos a seguir de Aguad y Mocoroa; y el accionar de las juezas que intervienen en el caso en la Justicia comercial.


Para Pollicita estos llamados a indagatoria se basan en una primera etapa de la causa penal, pero no hizo mención a Macri: “La investigación continúa en torno a las restantes irregularidades denunciadas”. Se espera que estas declaraciones de los funcionarios terminen en el llamado de familiares del presidente. Un posible avance de la investigación sobre los Macri en la cadena de responsabilidades dependerá de lo que suceda en febrero.

 

El fiscal del caso escribió que Aguad podría haber instruido a Mocoroa para rechazar el acuerdo y solicitara la quiebra de Correo Argentino SA.: “Ello hubiese colocado al Estado Nacional en posición de evaluar primero y solicitar después la ‘extensión de la quiebra’ a las empresas controlantes de Correo”.

 

La salida a las negociaciones entre el gobierno de Macri y su familia implicaba sacrificar el patrimonio de la misma, pero el 28 de junio de 2016, los funcionarios de Macri pactaron un acuerdo que el fiscal calificó como "abusivo" y "perjudicial para la administración pública". Se firmó un pacto donde el Estado dejaría de percibir más de $ 4.656 millones en intereses por esa deuda.