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SE SUMA AL VIAJE DE MACRI

Lacunza analiza viajar a Estados Unidos para destrabar desembolso del FMI

El Gobierno cumplió las metas del acuerdo hasta el segundo trimestre del año y Estados Unidos, que tiene fuerte influencia en el directorio del Fondo, apoyaría ese desembolso, que es resistido por los países europeos que integran también la conducción del organismo.
Martes 10 de septiembre de 2019

Hernán Lacunza, ministro de Hacienda, conferencia de prensaHernán Lacunza, ministro de Hacienda

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, analiza viajar a Estados Unidos para destrabar ante el FMI el desembolso de 5.400 millones de dólares y reunirse con inversores.

 

El Gobierno cumplió las metas del acuerdo hasta el segundo trimestre del año y Estados Unidos, que tiene fuerte influencia en el directorio del FMI, apoyaría ese desembolso, que es resistido por los países europeos que integran también la conducción del organismo.

 

Por su parte, el presidente Mauricio Macri viajará en dos semanas también a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de la ONU y reunirse con el presidente norteamericano, Donald Trump, encuentro que cobra relevancia por su peso clave en la aprobación de ese desembolso.

 

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A pesar del respaldo estadounidense, un grupo de países europeos comenzó a marcar distancia y es partidario de esperar el recambio presidencial antes de decidir el desembolso, según trascendió de fuentes del FMI.

 

La demora en el envío de una misión oficial para aprobar las metas del acuerdo que liberarían el desembolso parece confirmar la hipótesis de que recién podría concretarse en noviembre, después de las elecciones.

 

Voceros del Palacio de Hacienda señalaron que "no hay ninguna novedad" sobre ese viaje, y que se espera que el jueves próximo el FMI, en su habitual conferencia de prensa, vuelva a opinar sobre la situación argentina.

 

Algunos economistas creen que con el virtual cepo cambiario y el reperfilamiento de deuda el Gobierno podría llegar sin sobresaltos al cambio presidencial, mientras que otros señalan que ese desembolso es crucial para lograr ese objetivo.

Hernán Lacunza
FMI
Estados Unidos
AVANZA EL PROCESO

Juicio por la expropiación de YPF en EEUU: habrá sentencia para fines de 2021

La jueza de Nueva York Loretta Preska ordenó hoy dos procesos de investigación y el litigio tuvo un avance para determinar si corresponde que el país pague un resarcimiento multimillonario.
Lunes 13 de julio de 2020

YPF, juicio por expropiación en EEUU, Agencia NAYPF, NA.

La jueza de Nueva York Loretta Preska ordenó hoy dos procesos de investigación o "discovery", de "expertos" pedido por la Argentina y otro de "hechos" solicitado por el fondo Burford Capital, en el marco del juicio que los enfrenta por la expropiación de la petrolera YPF en 2012.
  

Así, el litigio tuvo un avance para determinar si corresponde que el país pague un resarcimiento multimillonario.
  

Ambos pedidos de "discovery", como se le dice al procedimiento que obliga a la Justicia de Estados Unidos a investigar un hecho puntual, habían sido realizados por los demandantes, Burford Capital, y por la defensa, la Argentina e YPF.
  

Mientras los estudios de abogados que representan al país y a la petrolera pidieron que la investigación se centre en los aspectos contractuales del prospecto y del estatuto de YPF, Burford, el fondo que adquirió el derecho a litigar en contra, pidió investigar los daños económicos en los que incurrieron las empresas Petersen, que tenían el 25% de las acciones de la petrolera en el momento de la expropiación a Repsol.
  

La Argentina solicitó el 3 de julio último la aplicación de la cláusula "discovery" en la causa iniciada por ese fondo en Nueva York, buscando sumar argumentos para que se traslade a Buenos Aires.
  

Preska, del segundo distrito de Nueva York, dispuso que ese procedimiento se inicie de inmediato y concluya en marzo, mientras el inicio del juicio está previsto para junio del 2021.
  

La Argentina presentó a comienzos del mes cuatro escritos (dos del Gobierno y dos por la petrolera), donde insistió en que la causa no debe tratarse en Estados Unidos.
  

Entre sus argumentos, dijo que los ex ministros Julio de Vido y Axel Kicillof, en funciones cuando se dispuso la expropiación y testigos en la causa, no podrían asistir al juicio.
  

De Vido está imposibilitado de salir del país por estar con prisión preventiva, mientras que el ahora gobernador cumple su mandato en una emergencia sanitaria.
  

Las presentaciones argumentan también que sin que los ex funcionarios responsables de la operación declaren, las acusaciones no pueden ser respondidas, con lo que la causa debería mudarse obligatoriamente a Buenos Aires.
  

Según el director de Fin.Guru, Sebastián Maril, quien sigue de cerca el desarrollo del litigio, el "Discovery de Hechos" planteado por Burford está previsto que termine el 16 de noviembre próximo.
  

En tanto, el de expertos pedido por Argentina comenzará el 21 de diciembre y cerrará el 22 de febrero de 2021.
  

El pedido de sentencia por parte de Burford Capital está previsto para el 8 de marzo de 2021, la respuesta de la Argentina para el 29 de ese mismo mes, el cierre del demandante será el 9 de abril y el juicio propiamente dicho arrancará el 1 de junio.
  

Analistas de mercado creen que así la Argentina gana tiempo y logra hacer escuchar sus argumentos en un litigio que se le presenta adverso (acumula cuatro fallos en contra) y podría costarle entre 3.000 y 9.000 millones de dólares.
  

Burford, que adquirió los derechos para litigar del Grupo Petersen, reclama a la Argentina y a YPF supuestos daños económicos por el incumplimiento del estatuto de la petrolera en la expropiación, que establecía que aquel que comprara la mayoría de las acciones de la empresa debía también lanzar una oferta al resto de los accionistas.
  

Petersen era el dueño del 25% de las acciones de YPF cuando se determinó su nacionalización.

YPF
Juicio
Estados Unidos
PARA INTENTAR LIMAR DIFERENCIAS

Deuda: el Gobierno extendió hasta el 24 de julio el plazo para negociar con acreedores

El plazo vencía este viernes 19 de junio para negociar con los acreedores y poder superar las diferencias que persisten. En lo económico superarían los u$s 7.000 millones,
Viernes 19 de junio de 2020

Martín Guzmán, ministro de economía, NAMartín Guzmán, ministro de economía, NA

El Gobierno prorrogó hasta el 24 de julio próximo el plazo que vencía hoy para negociar con los acreedores y poder superar las diferencias que persisten, que en lo económico superarían los u$s 7.000 millones, aunque también se relacionarían con cuestiones de índole legal.

 

Al mismo tiempo que se producía la finalización del período para cerrar negociaciones, el Ministerio de Economía difundió la nota donde comunica a la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) la quinta prórroga en las tratativas, aunque en esta ocasión abrió un llamativo período de más de un mes.

 

En el documento, donde reitera consideraciones legales y conceptuales emitidas en los anteriores informes, la cartera que conduce Martín Guzmán señaló que "Argentina cree firmemente que una reestructuración de deuda exitosa contribuirá a estabilizar la condición económica actual".

 

"Argentina y sus asesores pretenden aprovechar esta extensión para continuar con las discusiones y permitirles a los inversores continuar contribuyendo con una reestructuración de deuda exitosa", remarcó el Palacio de Hacienda y agregó que el 27 de julio será la fecha en que se divulgarán los resultados.

 

Este viernes, el presidente Alberto Fernández confió en que se llegará a un entendimiento, pero reconoció que se avanza a los "tironeos" en la dura negociación.

 

También pidió quitarle dramatismo a la cuestión y hasta afirmó que la falta de un convenio en el corto plazo no cambiaría la situación porque la Argentina de todas manera carece de financiamiento externo.

 

Esta semana, el ministro de Economía resolvió en acuerdo con los grupos de bonistas levantar la confidencialidad de las propuestas y allí empezaron a notarse las diferencias que existen entre lo que piden los acreedores y lo que el Gobierno está dispuesto a aceptar.

 

Según estimaciones que se manejan en el mercado financiero, la diferencia económica superaría los u$s 7.000 millones, una cifra en la que nadie cree que pueda ser el factor determinante para cerrar un entendimiento.

 

Pero, a esa discrepancia, se le sumó otra de carácter legal, ya que los acreedores pretenden que los títulos a emitir se ajusten por cláusulas legales similares a las del canje 2005, lo cual mejoraría la situación de los bonistas si es que en un futuro inician reclamos legales.

 

Por el lado de los bonistas, los más agresivos y firmes parecen estar en el influyente fondo BlackRock, cuya negociadora es ahora Jennifer O´Neill, quien asumió ese rol en reemplazo del duro negociador mexicano Gerardo Rodríguez, por expreso pedido de Guzmán a Larry Fink, cabeza del grupo.

 

Reclama un pago del 56,5% y también exigió el cambio en las cláusulas legales, cuestiones que Guzmán rechazó de plano por "inconsistentes" con el objetivo de sustentabilidad del pago de la deuda.

 

Hasta ahora, el Gobierno, a través de Guzmán, ofreció pagar hasta u$s 49,90 por cada lámina de 100 y un cupón atado a la evolución de las exportaciones.

 

Esta propuesta cuenta con el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya titular, Kristalina Georgieva, reiteró en los últimos días el apoyo a la Argentina y pidió a los acreedores que acepten la oferta.

 

Durante la semana, tras el levantamiento de la claúsula de confidencialidad, el grupo Ad Hoc Argentina Bondholder, conformado entre otros por los fondos Black Rock y Ashmond, advirtió que si el Gobierno no atiende los reclamos podría iniciar demandas judiciales. (NA)

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