Alberto Fernández y Martín Guzmán, AGENCIA NAMartín Guzmán y Alberto Fernández

Este viernes se venció el plazo para que el país pagara US$503 millones en intereses a un grupo de sus acreedores privados con bonos bajo legislación extranjera, por lo que Argentina entró en lo que se llama un "default selectivo".

 

¿Qué significa?: Que una parte de su deuda externa -esos títulos que quedaron impagos- entró en cesación de pagos. Pero no así el resto de su deuda pública, que en total supera los US$320.000 millones (cerca del 90% de su Producto Interno Bruto, PIB).

 

Se trata de una mala noticia para el gobierno de Alberto Fernández, que no logró que los acreedores aceptaran la propuesta de reestructura que presentó a mediados de abril.

 

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Si bien existe un consenso entre los economistas de que un default selectivo es una cuestión "técnica" -algunos lo llaman un "default light o blando"-, no deja de tener consecuencias negativas para un país.

 

La primera es que abre las puertas a una posible complicación judicial si los tenedores de bonos soberanos argentinos deciden acudir a la justicia y reclamar su pago, sobre la base de que Argentina no es un pagador confiable.

 

La segunda consecuencia es que se activan los llamados "seguros contra default" (CDS por sus siglas en inglés), que suelen estar en manos de fondos especulativos (comúnmente conocidos como "fondos buitre").

 

Pero a pesar de todo esto, la noticia de este nuevo default argentino no ha generado el mismo pesimismo que provocaron las anteriores cesaciones de pagos, en particular la más recordada: la de 2001.

 

Aunque durante la semana se anticipaba el probable impago de Argentina, las señales del mercado en los días previos, lejos de ser funestas, eran alentadoras.

 

Los bonos argentinos aumentaron su cotización, mientras que el dólar ilegal comenzó a bajar, luego de haber escalado vertiginosamente.

 

Y el llamado "riesgo país", que mide las probabilidades de un país de caer en default, en vez de subir, bajó.

 

"La lectura más lineal es que hay cierta expectativa de que el default va a ser solo temporal y se va a llegar a un acuerdo más global con los tenedores de bonos", dijo Alan Cibils, investigador del área de Economía Política de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

 

El gobierno argentino extendió el plazo de la negociación con sus acreedores, que vencía este viernes, hasta el 2 de junio, una señal clara de que las discusiones continúan.

 

La sensación entre la mayoría de los analistas es que de ambas partas hay ganas de llegar a un acuerdo, aunque los plazos no hayan alcanzado para lograrlo antes del vencimiento de este viernes.

 

"Le conviene a ambos. Los fondos de inversión operan a corto plazo, tienen que mostrar resultados ya. Están sufriendo pérdidas por todos lados (debido a la pandemia del coronavirus) y no les conviene el costo y tiempo de ir a juicio", señala Cibils.

 

Dal Poggetto coincide: "Los fondos necesitan tener una renta, no buscan la judicialización", le dice a BBC Mundo.

 

Además, cree que tendrán cierta urgencia de alcanzar un acuerdo: "Dentro de unos meses va a ser más difícil negociar, post pandemia", sostiene.