Coparticipación: Senado dio media sanción al proyecto para quitar fondos a CABACÁMARA DE DIPUTADOS. NA.

 

El oficialismo aprobó esta noche en el Senado el proyecto del Gobierno que concluye con el traspaso de las funciones de seguridad a la ciudad de Buenos Aires y recorta al mismo tiempo la coparticipación para el distrito porteño, mientras que la oposición se negó a votar porque considera "nula" la última prórroga de sesiones "virtuales".

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El proyecto, que pasó a Diputados, fue aprobado con 42 votos a favor y por unanimidad, dado que luego de criticar el proyecto y realizar una defensa de la gestión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, los senadores de Juntos por el Cambio se desconectaron, como una forma de desconocer la votación.

 

Los senadores del Frente de Todos señalaron que el proyecto corrige un envió de fondos "excesivo" al Gobierno porteño en 2016 por el entonces presidente Mauricio Macri, en el marco del traspaso de parte de la Policía Federal y Juntos por el Cambio sostuvo que la medida es "revanchismo político" contra un dirigente opositor como es Larreta.

 

El proyecto fija para este año un monto de 24.500 millones de pesos para que la Ciudad asuma las funciones de seguridad traspasadas en 2016, con lo que la coparticipación del distrito volvería a ser de 1,4% y tendría un recorte adicional al que previamente hizo por decreto el presidente Alberto Fernández.

 

La oficialista santafesina María de los Ángeles Sacnun remarcó que "los recursos que le otorgó Macri a (el jefe de Gobierno porteño, Horacio) Rodríguez Larreta" con aquel traspaso de funciones "fueron excesivos" y subrayó que "nadie pudo justificar de donde salió el coeficiente de 3,7" puntos de coparticipación (que se redujo luego a 3,5 y Fernández recortó al 2,4) "que determinó los fondos que recibió la Ciudad".

 

"No se trata ni de odios, ni de revanchismos, se trata de recomponer lo que dice la Constitución Nacional en cuanto a la necesidad de disminuir la brecha que existe entre las distintas provincias", agregó Sacnun.

 

En la misma línea, el bonaerense Jorge Taiana señaló que el proyecto está "reparando una maniobra arbitraria, escandalosa e inmoral que llevó adelante el presidente Macri" y el catamarqueño Dalmacio Mera sostuvo que se le dará a la Ciudad "lo que le corresponde para que pueda brindar seguridad a todos los ciudadanos y vecinos".

 

Más duro fue el cordobés Carlos Caserio, quien tras asegurar que los 24.500 millones son "un monto adecuado a la realidad y los valores de esta transferencia", planteó que la Ciudad debería "devolver el excedente" que a su criterio recibió en 2016.

 

Los representantes de la Ciudad por Juntos por el Cambio Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri, en tanto, no dudaron en afirmar que el proyecto del Gobierno es un "castigo" a "un distrito políticamente esquivo" para el peronismo.

 

"Me cuesta creer que un Gobierno quiera que haya argentinos que tengan un mal servicio de seguridad", disparó Tagliaferri, quien sostuvo que "lo que les interesa con este proyecto es que la Ciudad tenga que ir sistemáticamente a consensuar con el Gobierno nacional la plata que tiene para la seguridad".

 

Además, evaluó que la iniciativa está orientada por motivos "electorales" y "políticos" para "destruir a un gobernador" por "revanchismo político".

 

Lousteau remarcó a su turno que la reducción de fondos se da "en un contexto en que cae la recaudación y suben los gastos" y agregó: "El impacto de la pandemia en la Ciudad es de 20% del presupuesto y ahora ustedes le agregan otro tanto, a un distrito que un montón de argentinos de todos lados utilizan".

 

El jefe del interbloque del Frente de Todos, José Mayans, afirmó: "Pregunten a las provincias de Jujuy, Mendoza y Corrientes (gobernadas por la UCR) si son atacadas por el Gobierno nacional. Lo que estamos haciendo es corregir algo injusto".

 

En tanto, su par de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, advirtió que "una vez más, un tema impulsado por este Gobierno terminará resolviéndose en la Justicia", en alusión a la demanda que ya inició la administración porteña contra el decreto que recortó un punto a la Ciudad para transferirlo a la provincia de Buenos Aires.