UOCRA, Bahía Blanca, foto gentileza TELAMUOCRA en Bahía Blanca. Foto: gentileza Télam.

La Justicia bonaerense comenzó a juzgar en juicio oral a seis integrantes de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) de Bahía Blanca por presunta asociación ilícita y extorsión a empresarios, lo que fue celebrado este jueves por la Cámara Argentina de la Construcción (CAC).

 

El Tribunal en lo Criminal 2 integrado por María Mercedes Rico, Eugenio Casas, Claudia Cecilia Fortunatti y la secretaria Inés Tramontana comenzó a juzgar a lo acusados que habían sido detenidos en 2018 tras una investigación por delitos complejos.

 

La pesquisa del fiscal de Delitos Complejos, Gustavo Zorzano, había llevado a la detención del exsecretario general del gremio en Bahía Blanca, Humberto Monteros, y de otros cinco integrantes de la entidad sindical.

 

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Entre los delitos que se les imputan a cada uno de los seis ex sindicalistas se encuentran la de asociación ilícita, cincuenta casos de extorsión, coacción agravada, tenencia ilegítima de arma de fuego, daño, atentado a la autoridad y amenazas.

 

En ese contexto, las autoridades de la Cámara Argentina de la Construcción manifestaron este jueves su "total y absoluto apoyo" a los empresarios, socios de la delegación Ciudad de Bahía Blanca, que, en su momento, "valientemente denunciaron maniobras extorsivas por parte de los entonces dirigentes de la UOCRA local".

 

"Su actitud ha permitido llegar al juicio oral de varios imputados. En estos días, los empresarios comparecen como testigos en este juicio, cuando otros imputados han aceptado ya su culpabilidad en juicios abreviados", destacó la entidad empresaria con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

La investigación de Zorzano comenzó en 2017 tras las denuncias realizadas por varios empresarios del sector de la construcción, justo en momentos en el que también dueños de constructoras de La Plata habían denunciado a sindicalistas de la UOCRA en la capital provincial.

 

Desde aquel momento, Zorzano tomó declaración testimonial a los damnificados quienes denunciaron diversos delitos que habían sido cometidos por los acusados y luego se ordenaron allanamientos en Bahía Blanca, Monte Hermoso y Coronel Suárez, donde hubo detenciones y recolección de pruebas.

 

La entidad empresaria manifestó "la necesidad de respetar las leyes que nos rigen, y repudia enérgicamente toda práctica que se aparte de las reglas básicas de convivencia pacífica y democrática".

 

Ello implica, particularmente, no aceptar presiones para la contratación de servicios de obra a empresas impuestas, ni consentir exigencias salariales por encima de lo convenido bajo la presión de actitudes extorsivas.

 

La CAC destacó que representa más de 1.300 empresas constructoras de todo el país, de distintos tamaños y especialidades, con presencia en 24 provincias a través de sus delegaciones, resalta la actitud de las empresas de la Delegación "Ciudad de Bahía Blanca" y les reitera su apoyo.