El proyecto, que tenía media sanción del Senado, tipifica como delito federal la trata de personas y abarca el tráfico de mujeres, niñas y adolescentes para la esclavitud sexual, la paidofilia, la apropiación de trabajadores en condiciones infrahumanas y otras formas de sometimiento servil.


Establece que existe explotación cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud, se obligue a realizar trabajos forzados; se promueva cualquier forma de comercio sexual o se practique extracción ilícita de órganos.


Tras varias horas de debate, la iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados en general por 157 votos contra 35 y 6 abstenciones.


A través de la iniciativa, se propone que aún cuando existiese consentimiento de la víctima en el caso de las mayores de 18 años se considera delito y establece penas de 3 a 6 años para ello, mientras que en casos que involucren a menores, los castigos serán

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de entre 4 y 10 años de prisión.


La intención de la norma es aumentar la mínima para que no sea fácilmente excarcelable.


En tanto, el proyecto fija penas de 10 a 15 años cuando mediare engaño, violencia o amenazas para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la
víctima.

Al defender la iniciativa, la titular de la comisión de Legislación Penal, Nora César, sostuvo que la norma se enmarca en la política de derechos humanos del gobierno nacional "con medidas concretas" y destacó que la ley busca lograr el marco legal para combatir la trata como delito.


"El consentimiento de la víctima no es tenido en cuenta en ningún caso, ni para mayores ni para menores si mediare engaño, fuerza o amenaza, o cualquier otro medio de intimidación", explicó César, para rechazar los argumentos en este sentido planteado por
algunas legisladoras de la oposición.


Por su parte, la diputada de Encuentro Popular y Social, Vilma Ibarra, sostuvo que con esta iniciativa "se federaliza el delito, se amplía la explotación a la explotación laboral, para la extracción ilícita de órganos" y recordó que el texto fue aprobado en el Senado por unanimidad y con apoyo de jueces y especialistas.


Desde el radicalismo, la cordobesa Silvia Storni, cuestionó el texto y sostuvo que la iniciativa "no aporta nada efectivo desde el punto de vista legal para combatir el tráfico y la trata de personas" y consideró que con la norma "nos quedamos a mitad de camino en la lucha contra este flagelo que va en aumento".


Claudio Lozano, de Buenos Aires para Todos, que llevó la postura de la Asociación de Meretrices de la Argentina, pidió que se incluya "el reconocimiento expreso para que las organizaciones sociales puedan convertirse en querellantes porque las mujeres
tienen temor de iniciar una causa".


La trata de personas es el tercer ilícito más grande en el mundo, después del tráfico de armas y drogas y contempla aspectos vinculados con el poder, redes y crímenes, sumado a la vulnerabilidad de las víctimas y la posible complicidad de las fuerzas de seguridad.