El Senado convirtió en ley el proyecto de prórroga de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo, incluyendo la que le permite fijar las retenciones a las exportaciones de granos, tras un áspero debate entre oficialismo y oposición, y en medio de protestas de productores que intentaron derribar vallas e ingresar al recinto.

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De este modo se extiende la vigencia de unas 1.900 normas que, según la Constitución Nacional reformada en 1994, debieron ser revisadas a más tardar cinco años después, tarea que nunca se concretó, y desde entonces ésta es la quinta prórroga que se dicta.

El kirchnerismo logró aprobar el proyecto por 38 votos contra 30, en una sesión que se desarrolló en un marco de estricta seguridad, similar a la que se instrumentó el año pasado cuando se trató la Resolución 125, en este caso adversa al oficialismo por el "voto no positivo" de desempate del vicepresidente Julio Cobos.

El clima en las calles fue tenso, aunque sólo algunas pocas decenas de ruralistas se encontraban frente a los vallados instalados por la policía, donde se registraron algunos incidentes.

El inicio de la sesión se produjo gracias a que el oficialismo llegó al quórum necesario de 37 senadores con el aporte de tres aliados, los aristas fueguinos José Martínez y María Díaz, y el neuquino Horacio Lores.

A la sesión faltaron tres senadores del oficialismo, Haidé Giri y Elida Vigo, ambas por enfermedad, y Roberto Urquía, que estaba de viaje; y tampoco concurrió el radical Norberto Massoni, quien fue sometido a una intervención quirúrgica.

El jefe de la bancada kirchnerista, Miguel Angel Pichetto, prometió que esta será "la última delegación" de facultades, y rechazó que el artículo 755 del Código Aduanero que habilita al Gobierno a fijar aranceles y alícuotas de importación y exportación sea una facultad delegada.

El Código Aduanero "debe estar en el ámbito del Poder Ejecutivo como lo estuvo históricamente", enfatizó Pichetto, quien lo calificó como "una herramienta de gobernabilidad".

En tanto, el jefe del radicalismo, Gerardo Morales, cuestionó al Gobierno porque "está utilizando una argucia, que es aprovechar la mayoría circunstancial que tiene hasta el 10 de diciembre para aprobar esta ley", en tanto el presidente de su bancada, Ernesto Sanz, dijo que en esta ocasión el debate sobre este tema "es más profundo" que en ocasiones anteriores, porque "no se resolvió el tema de las retenciones".

El miembro informante por la mayoría fue el kirchnerista santacruceño Nicolás Fernández, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien reconoció que el Congreso "está en mora" en el estudio de esas normas, que según la última reforma constitucional debían ser revisadas antes de 1999.

Fernández señaló la dificultad para identificar cuales son las leyes que tienen facultades delegadas, al indicar que diferentes estimaciones las sitúan entre 200 y 1.900.

El senador oficialista destacó que ahora se creará una comisión que tendrá un plazo de 240 días para revisar todas las facultades delegadas, y dictaminar cuales deben caducar.

A continuación habló el radical Luis Naidenoff, quien denunció que "el Poder Ejecutivo hizo uso y abuso de estas facultades", y sostuvo que debido a tantas prórrogas "estamos empantanados en una especie de democracia delegativa".

"Los gobiernos piensan que se les dan un poder absoluto, y que todo control es una traba, y por lo tanto no hay una rendición de cuentas", agregó.

Por su parte, la justicialista disidente Liliana Negre de Alonso calificó a las facultades como "uno de los cuatro jinetes del Apocalipsis", ya que "no puede tener mayor poder de destrucción y no tiene límites en los daños que va a causar".

"Estamos discutiendo la institucionalidad de la República, la naturaleza misma de este órgano al cual el pueblo de nuestras provincias nos ha votado para que pertenezcamos", puntualizó en referencia al Congreso.

Respecto de las retenciones, dijo que "el sector del campo no se tiene que hacer problemas, porque hoy se terminan las facultades delegadas, y se mueren las retenciones".

Negre de Alonso hizo una distinción jurídica entre "facultades delegadas y facultades delegantes", y consideró que el artículo del Código Aduanero que faculta al Gobierno a fijar aranceles de exportación ya ha caducado.

"Las retenciones de 2008 no están vigentes", aseveró.

Por su parte, la salteña Sonia Escudero abundó en el mismo sentido, al explicar que "legislación delegante es la cual el Congreso se desprende de parte de sus facultades, y las facultades delegadas son los instrumentos que el Ejecutivo dicta en función de esas facultades delegantes".

Escudero consideró que "toda la delegación delegante, a excepción de la establecida en el artículo 76 de la Constitución, ha caducado, y la delegada ha sido incorporada y hecha ley en 2006", y por lo tanto no necesita ser prorrogada.

En el caso puntual de las retenciones, afirmó que "no es posible delegar la facultad de establecer tributos", y que esto "es doctrina unánime de la Corte Suprema".

En consecuencia, dijo que "no cabe duda alguna que las retenciones carecen de sustento legal alguno".

Por su parte, el kirchnerista Marcelo Guinle, defendió la iniciativa oficial, y destacó que recibió "sustanciales" mejoras durante su tratamiento en Diputados.

Al respecto, rechazó que el Gobierno haya "cooptado" a los diputados de centro izquierda que apoyaron el proyecto modificado, y dijo que hay que respetar la "honestidad intelectual" de esos legisladores.