Se trata de propiedades y empresas radicadas en Buenos Aires y Santa Cruz vinculadas al ex secretario de los Kirchner y su entorno. Se da en el marco de una causa donde se investigaron operaciones inmobiliarias con las que se habrían exteriorizado 70 millones de dólares.
Por Canal26
Viernes 1 de Enero de 2021 - 10:24
Daniel Muñoz y Néstor Kirchner
El juez Marcelo Martínez De Giorgi ordenó el embargo de 26 inmuebles y medidas cautelares sobre 26 empresas que se utilizaron para operaciones de blanqueo, hasta cubrir $ 1.600 millones en el marco de una causa donde se investigaron operaciones inmobiliarias con las que se habrían exteriorizado 70 millones de dólares.
"A partir de las resoluciones dictadas a lo largo de todos estos procesos conexos a la causa", conocida como los Cuadernos de las Coimas, "este Juzgado ha tenido por norte destinar esfuerzos en pos de un objetivo central en este tipo de investigaciones complejas: el recupero de activos", señala en la resolución.
En el entramado de constitución de empresas para la compra - venta de propiedades en el exterior, y así poder sacar del país dinero de origen ilícito, se habían ordenado una serie de medidas cautelares, con el fin de "resguardar los bienes involucrados". Esas decisiones que adoptó el fallecido juez Claudio Bonadio, fueron confirmadas por la Cámara federal porteña.
Las operaciones de lavado de dinero investigadas en este tramo del expediente, incluyeron más inmuebles. Por ello, el juez Martínez De Giorgi, indicó que "resulta conducente para la presente investigación analizar la posible aplicación de una medida cautelar, respecto de los bienes registrables en particular, tendiente a garantizar los derechos del Estado Nacional, puesto que resulta parte damnificada por las maniobras de lavado materia de pesquisa".
Así, se incluyó un extenso listado de bienes inmuebles que fueron adquiridos con lo que se consideró, dinero proveniente de la asociación ilícita que condujo Cristina Kirchner. La misma, según la investigación principal, se dedicó a la recaudación de fondos ilegales, es decir, coimas que pagaban empresarios contratistas del Estado para garantizarse renovación de concesiones, contratos de obras, en tres ámbitos: el energético, la obra pública y el transporte.
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