Estallido social en Chile: piden procesar a director de Carabineros por violaciones a los DDHH

Ricardo Yañez. Foto Twitter @lacuarta.

El Ministerio Público chileno solicitó el procesamiento del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por su presunta responsabilidad de mando en las violaciones a los derechos humanos registradas durante el estallido social del 2019.

La Fiscalía le imputa a Yáñez haber incurrido en el delito de "omisión, de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio", durante su gestión como encargado de Orden y Seguridad de la policía uniformada durante las protestas contra el entonces gobierno del derechista Sebastián Piñera, que derivaron en un proceso de reforma constitucional finalmente abortado.

La solicitud presentada por el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armandáriz, alcanza, a su vez, al exgeneral director, Mario Rozas, y al exsubdirector, el general Diego Olate, acusados también por violaciones a los derechos humanos registradas durante las protestas y desmanes en el centro de Santiago, según informó el periódico chileno La Tercera.

Carabineros de Chile. Foto: Reuters.

En tanto, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que esperarán la audiencia para "tomar una decisión" respecto a la situación del general director de Carabineros (policía nacional)

"Hay una solicitud de formalización (procesamiento) y esperamos la audiencia para tomar una decisión como gobierno. Estamos a la espera de las resoluciones que estime la justicia", declaró Vallejo ante la prensa al ingresar al Palacio de La Moneda.

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El futuro del director de Carabineros en el puesto

Al ser consultada sobre el futuro de Yáñez en el puesto, la vocera de Gobierno planteó que "en esto tenemos que tomar decisiones con cautela. En el momento en que se dé la formalización y la justicia determine si finalmente va a establecer alguna imputación concreta, vamos a tomar alguna decisión en ese momento".

"Esto es algo que hemos conversado en el gobierno y no me quiero adelantar a explicitar ninguna decisión, pero lo que nos preocupa y el objetivo central es al mismo tiempo que la justicia avance en esclarecer los hechos que han estado siendo investigados ya hace años y la responsabilidad de la institución, y que la institución pueda seguir funcionando", precisó.

Plebiscito constitucional en Chile. Foto: Reuters.

Según consigna el diario La Tercera, el pedido de la Fiscalía Centro Norte se produce luego de una serie de tensiones entre la fiscal Ximena Chong y el general Yáñez, dado que la investigadora insistió -al menos en cinco oportunidades- en tomarle declaración como imputado, algo que el alto oficial resistió. Solo en una oportunidad aceptó entrevistarse con la fiscal, donde le señaló que utilizaría su derecho a guardar silencio.

"He prestado, con anterioridad, el día 7 de abril de 2021, declaración en una investigación paralela en calidad de imputado ante la fiscal regional de Valparaíso, doña Claudia Perivancich, declaración que está incorporada en esta investigación; y he prestado además declaración en calidad de testigo en investigaciones llevadas por usted relacionadas a hechos similares. Por lo anterior, y escuchando el consejo de mis abogados, quienes me han indicado hacer uso del derecho ya indicado, es que por ahora no prestaré declaración", afirmó Yáñez el 27 de marzo del año pasado ante la fiscal.

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Dos investigaciones relacionadas con el estallido social

Fue el fiscal nacional Jorge Abbott, quien en 2022 pidió que fuera la Fiscalía Centro Norte la que asumiera las dos investigaciones vinculadas al estallido social; la primera, que tenía que ver con delito de lesa humanidad, y la otra, respecto de responsabilidad de mando.

El 18 de octubre de 2019 comenzaron en Chile una serie de protestas y movilizaciones contra el Gobierno de Piñera en reclamo de mejoras en las pensiones, salud, educación, entre otras cuestiones.

Chile celebra segunda votación constitucional. Reuters

La movilización social -que estuvo marcada por el uso desmedido de la fuerza por parte de Carabineros y denuncias por violaciones a los derechos humanos- hizo que el proceso de reforma constitucional sea finalmente clausurado con el plebiscito que el 17 de diciembre pasado que rechazó por una amplia mayoría el proyecto de nueva Constitución.

Tras ese plebiscito, autoridades oficialistas y opositoras coincidieron en señalar que no promoverán otro proceso para intentar actualizar la carta magna.