Odebrecht

Sigue el revuelo por la causa Odebreth. Por estas horas, el fiscal federal Franco Picardi pidió a las autoridades judiciales de Brasil que le envíen oficialmente las delaciones que hicieron en ese país los directivos de la empresa petrolera, los cuales complican a empresarios y ex funcionarios argentinos por las coimas en el soterramiento del ferrocarril Sarmiento.

 

Tras el acuerdo que se alcanzó hace unas semanas con el Ministerio Público de Brasil, con el fin de compartir pruebas destapadas con el escándalo de corrupción del Lava Jato, este es el primer gran paso.

 

Picardi habría instado a las autoridades brasileras a remitir "las delaciones, documentos, correos electrónicos, movimiento de cuentas y toda la información que involucre a los funcionarios públicos, intermediarios y empresarios". Así lo afirman fuentes judiciales. 

 

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En los tribunales de Comodoro Py 2002, hay tres causas abiertas por los negocios del conglomerado brasileño en el país:

 

  1. Una es por dos plantas de AySA que está en manos de Sebastián Casanello.
  2. Otra analiza las obras de gasoductos en las que interviene Daniel Rafecas.
  3. Y otra bucea en la licitación por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi.

 

Tal como afirma el último expediente, la Cámara Federal exhortó al juez a acelerar la investigación. ¿Cómo? Insistió en dictar inhibición de bienes como había pedido el año pasado el fiscal Picardi, lo apuró a resolver procesamientos aunque las indagatorias no hayan terminado y le encomendó pedir datos sobre la causa de los "cuadernos k". Según el fallo, en el caso está involucrada IECSA, la empresa que pertenecía a Angelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri.

 

Hace unos días, fue el mismo Martínez De Giorgi quien delegó en Picardi las negociaciones con Brasil por el acceso a la información del Lava Jato. Ocurrió tras llegarse a un acuerdo entre los procuradores de Brasil y Argentina. Picardi había pedido esos documentos en 2016 y 2017. No logró el cometido ya que Argentina "no garantizaba que los delatores brasileños quedaran a salvo de las leyes argentinas". Pero la situación cambia ahora. 

 

El pasado viernes, Picardi firmó un escrito con 12 puntos dirigidos –vía Cancillería- al Fiscal Coordinador del Equipo de Investigación del "Lava Jato" de la Procuraduría del Estado de Panará, Deltan Dellagnol. En el mismo, explicó en que se basa la investigación por las coimas del soterramiento, menciona pruebas encontradas y brinda los nombres de las 49 personas imputadas y llamadas a indagatoria en esta causa.

 

Entre esos nombres, están: el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el empresario Angel Antonio Calcaterra ("Angelo"), y el brasileño Marcelo Odebrecht, entre otros mencionados.

 Obras de Odebrecht

Esos son los puntos por los que se le solicitó a las autoridades de Brasil, tal como brinda Infobae:

 

-Delaciones de Luiz Antonio Mameri, Fernando Migliaccio Da Silva, Marcio Faria Da Silva, Marcelo Bahia Odebrecht, Luiz Eduardo Da Rocha Soares, Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva Filho, Olivo Rodrigues Junior, Diego Luis Pugliesso, Roberto Fabián Rodríguez, Flavio Bento da Faria, Alenxandre Assaf Abo Assali, Mauricio Couri Ribeiro, Rodney Rodríguez de Carvalho y Ricardo Vieira.

-La "colaboración número 10" que prestó Mameri. Mameri es el ex director de Odebrecht para América Latina que le dijo a los fiscales brasileños: "yo autoricé retornos identificados hasta el momento por 2,9 millones de dólares". Fue el que identificó a Javier Sánchez Caballero, directivo de IECSA, como la persona que le comunicó cómo debían hacerse los retornos para el Ministerio de Planificación cuando ganaran la licitación. Mameri también fue la persona que señaló al empresario Jorge "Corcho" Rodríguez como un intermediario en las conversaciones.

-Delaciones y documentación que se hubiera obtenido y que se relacione con el pago de sobornos operados en razón o motivo de la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento.

-Los informes, análisis y conclusiones realizados por los organismos judiciales que dan cuenta del funcionamiento de la División Operaciones Estructuradas junto con las delaciones y la documentación que den cuenta de ello. Esa División era desde donde se aprobaban los sobornos para funcionarios argentinos, según los arrepentidos.

-Delaciones y documentación que hubiera sido obtenida a través de cualquier medio de prueba que describa cómo se estructuraba el pago de coimas con destino a funcionarios públicos de nuestro país y detalles de los nombres de las personas que intermediaron, participaron o recibieron tales aportes

-Las solicitudes de autorizaciones de pagos indebidos recibidas a través de My Web Day relacionadas con proyectos desarrollados por las empresas del Grupo Odebrecht en la Argentina con el detalle de las aprobaciones realizadas y los montos efectivamente girados. Según se determinó, la constructora usaba dos softwares llamados My Web Day y Drousys para llevar un registro de operaciones delictivas en diversos países.

-Correos, listados, extractos bancarios y/o cualquier otro documento en los que se señale o detalle las transferencias operadas a través de las distintas estructuras offshore utilizadas por el Grupo Odebrecht para canalizar el pago de las coimas, cuyos beneficiarios finales –ocultos o no- resulten funcionarios públicos o empresarios argentinos y uruguayos, o las empresas IECSA SA, Comsa SA, Ghella Spa, Pribont Corporation SA, Sabrimol Trading SA, Carday Capital, Controles y Auditorías Especiales de Argentina SA (CAESA) y/o algunos de los sujetos vinculados a aquellas.

-En razón del esquema de pagos locales que habrían sido descriptos por Luiz Antonio Mameri en su delación, se remitan las constancias o denominaciones de los proveedores utilizados para las empresas del Grupo Odebrecht y/o sus asociadas en los distintos proyectos realizados en Argentina para lograr erogar fondos de las compañías con destino al pago de coimas.

-El descifrado de alias o "nombres en clave" que utilizaban los distintos operadores de la estructura de pagos indebidos.

-Cualquier actuación o delación que haga referencia o participen las siguientes personas: Julio De Vido, Roberto Baratta, José Francisco López, Ricardo Raúl Jaime, Juan Pablo Schiavi, Manuel Vázquez, Jorge Ernesto Rodríguez "alias el corcho", Javier Sánchez Caballero, Ángel Jorge Antonio Calcaterra, Santiago Ramón Altieri, Héctor Ramón Castro, Juan José Rampoldi, Gianvincenzo Coppi, Mario Blanco, Ricardo Dina, Mario Cenciarini, Lorenzo Ghella, Martín Molinolo, Pablo Correa Calcagno, Carlos Dentone, Osvaldo Gandini, Flavio Bento da Faria, Alenxandre Assaf Abo Assali, Mauricio Couri Ribeiro, Rodney Rodríguez de Carvalho, Ricardo Vieira, Roberto Luis Pugliesso, Roberto Fabián Rodríguez, Gabriel Bronstein y Carlos Estevan Palacio.

-Correos electrónicos obtenidos de la computadora personal de Mauricio Couri Ribeiro y/o otros medios, intercambiados con cualquiera de las personas señaladas en el punto anterior. Y en ese detalle se citan una serie de direcciones de mails a identificar. Según lo que reportó la prensa de Brasil, Couri Ribeiro –directivo de Odebrecht en Argentina- dejó asentado en sus computadoras mensajes que estarían relacionados con los pagos de sobornos y con quién los tramitó.

-Cualquier actuación o delación en las que se haga mención al domicilio ubicado en la calle Reconquista 538, sala 63, piso 6. Aquí será conducente acompañar copia del cuaderno de María Lucía Tavares, alias "Tulia", que habría sido obtenido en el marco de los procesos, con todos los análisis que se hubieran realizado del mismo. "Tulia" era una secretaria de Odebrecht que coordinó las operaciones y pasó a ser delatora premiada. Por su mail pasaron detalles en noviembre de 2011 de las fechas en que se enviarían los 2,9 millones de dólares al entonces número 1 de Odebrecht en la Argentina, Rodney Rodrigues de Carvalho, para que sobornara a los funcionarios locales para el proyecto del soterramiento.

-Documentación relacionada con las transferencias que se habrían realizado por intermedio de la cuenta de Klienfeld Services LTD de la Banca Privada de Andorra por la suma de 395 mil euros. Esos giros se habrían respaldado con una presunta operación que la firma "DSC" o "DSC Workshop" realizaría con una subcontratista, denominada Convergence Capital, en razón de dos contratos que la UTE investigada habría realizado con DSC por la suma de USD 1.937.000 y USD 10.316.253.