Horacio Rodríguez Larreta, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, NACONFLICTO POR COPARTICIPACIÓN. NA.

La decisión del Gobierno Nacional de quitarle fondos de coparticipación a la Ciudad es una medida inconstitucional, improvisada e intempestiva. Hacía meses que había reuniones con la Nación y ningún funcionario había mencionado el tema. Había una planificación hecha a partir del presupuesto aprobado y de pronto aparece esta decisión de sacarle fondos a la Ciudad de un día para el otro y, lo que es peor, en medio de la pandemia de coronavirus. No es cierto que los fondos destinados a la Ciudad sean dejados de percibir por las provincias. Debido a la falta de una nueva ley de Coparticipación los fondos que recibe la Ciudad salen directamente de la Nación.

 

La Constitución es muy clara: cuando el Gobierno Nacional traspasa una competencia a un distrito tiene que transferirle también los fondos necesarios para su funcionamiento. Y eso es lo que sucedió con la Ciudad en 2016 cuando se traspasó parte de la Policía Federal. El proyecto de Ley que ingresó al Senado de la Nación atenta gravemente contra la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires que desde hace más de cuatro años asumió plenamente las funciones de seguridad pública. Y obliga a depender del Gobierno Nacional sobre decisiones vinculadas al costeo de la seguridad del distrito.

 

Además, no puede haber leyes vinculadas a coparticipación sin un acuerdo previo entre los distritos en cuestión y el Gobierno Nacional. En este caso, la ley enviada al Congreso Nacional no está avalada por un consenso o acuerdo, sino que vuelve a ser una medida unilateral.

 

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Los fundamentos presentados ante la Corte Suprema:

 

En nuestro régimen constitucional no existe justificación para la modificación unilateral por parte del Estado Nacional del coeficiente de participación en la coparticipación de los estados locales. Se requiere siempre el consenso, acuerdos o actos bilaterales para modificar el régimen y los porcentuales de coparticipación. La legislación concluye que la transferencia de competencias en materia de seguridad no federales se debe llevar a cabo mediante la firma de acuerdos suscriptos entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tal como sucedió, justamente, con la transferencia de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad de Buenos Aires.

 

Los coeficientes sucesivamente asignados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron siempre establecidos mediante actos bilaterales entre la Ciudad y el Estado Nacional.

 

En tanto no se sancione una nueva Ley de Coparticipación tal cual lo exige la Constitución, el Estado Nacional no puede unilateralmente restar el porcentaje de coparticipación de la Ciudad propio del federalismo previsto en la Carta Magna.

 

El artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional es claro:


“…No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por la ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso…”. Ley del Congreso cuando corresponda y
acuerdos bilaterales es el esquema constitucional. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires los fondos son asignados por decreto, pero con previo acuerdo, por participar de la distribución primaria pues son los fondos que le corresponden a la Nación, quedando así encuadrada dentro
de la cláusula constitucional. De acuerdo a lo que dispone el artículo 8 de la ley 23.548 los fondos que recibe la CABA salen de la parte que le corresponde al Estado Nacional
como consecuencia de la distribución primaria (la recaudación integral).

 

Por lo tanto no afecta a las restantes jurisdicciones. El aumento del porcentaje de coparticipación tuvo una causa concreta y específica: los recursos para financiar los servicios de Seguridad oportunamente transferidos. Para el Estado Nacional ese coeficiente resultó económicamente neutro porque se fundamentó en el costo de la transferencia de los servicios de Seguridad. De acuerdo al carácter jurídico de la Ciudad y conforme a la Ley de Coparticipación Federal, al artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional, al Acta Complementaria del Convenio de Financiamiento de 2002, al Convenio de traspaso de competencias en materia de seguridad no federal por el Estado Nacional de 2016, al Acuerdo para un nuevo Federalismo de 2016, el Consenso Fiscal de 2017 y al Acuerdo de 2019
(los cinco actos bilaterales), se concluye que el porcentual atribuido no puede ser modificado en su perjuicio en forma unilateral por un decreto.

 

Es necesario el previo consenso de la misma manera que la Ley de Coparticipación -que fija el coeficiente para las provincias- no puede ser modificada unilateralmente ni reglamentada. Permitir que el Estado Nacional lo modifique en forma unilateral en perjuicio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye una clara violación a la Constitución Nacional, al régimen federal, a la autonomía de la Ciudad y al principio de igualdad por evidenciar una discriminación arbitraria con relación a las restantes provincias. También hay que considerar la violación a la intangibilidad de los recursos de la Ciudad en forma unilateral hasta el dictado de un nuevo régimen de coparticipación.

 

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 Coparticipación Federal de Impuestos Situación actual de la CABA


La Ciudad aporta a la masa coparticipable entre el 22 y el 25% del total, en tanto que recibe el 3,5%,. Es el distrito que más diferencia presenta entre lo que aporta y lo que recibe. El 75% de los recursos totales de la CABA son propios, en tanto que el 25% corresponde a los ingresos por Coparticipación y otras transferencias. En la mayoría de las provincias esta ecuación es
completamente al revés, lo que demuestra el perfil solidario y federal de la CABA. La Ciudad es una de las jurisdicciones que menos recursos per cápita recibe en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos. Antes del COVID19, durante este año la Ciudad habría recibido $ 41.050 por habitante, cuando el promedio del reparto -sumadas todas las provincias- alcanzaba los $ 76.100. (Otros casos: Tierra del Fuego, $ 145.526; Catamarca, $ 135.655; Formosa, $ 123.077 y La Pampa $ 109.282 per cápita).

 

Transferencia del Servicio de Seguridad.
En 2016 se le transfirió a CABA la competencia sobre el servicio de Seguridad con los recursos correspondientes, tal como lo establece la Constitución Nacional. La totalidad de estos recursos transferidos fueron exclusivamente destinados al funcionamiento de la Policía de la Ciudad. La Ciudad nunca recibió recursos de más por esta transferencia. Por el contrario, adicionalmente tuvo que destinar fondos extras para poder llevar adelante la política en materia de Seguridad. Lo demuestran las rendiciones de cuenta de los Gastos en Seguridad correspondientes al
período 2016-2019 presentadas ante la Comisión Federal de Impuestos (CFI).

 

En estas rendiciones quedó verificado que el proporcional percibido por coparticipación fue siempre inferior al gasto final al que tuvo que incurrir la Ciudad para solventar el funcionamiento pleno de la Policía de la Ciudad.

 

Situación ante el recorte anunciado.
Esta reducción unilateral e inconsulta del coeficiente de coparticipación que le corresponde a la CABA representa una baja del 56% respecto al financiamiento de la transferencia de competencias en materia deSeguridad.

 

El anuncio formulado por el Presidente de la Nación de recortar un porcentaje del 1,18% de la Coparticipación significa para la CABA, a 6 valores de 2020, la pérdida de 36.000 millones de pesos, lo que equivale a:


● Más de 10 meses de sueldos de personal de Salud del GCBA.
● Más de 8 meses de sueldos de personal de Educación del GCBA.
● Más de la mitad de la inversión destinada a Seguridad en CABA.
● Más de dos meses de salarios de todo el personal del GCBA.
● La totalidad del presupuesto destinado al Mantenimiento de CABA.
● Representa dos veces la inversión adicional con motivo de las erogaciones ocasionadas por el COVID-19 para 2020.

 

Para lo que resta de 2020 esta reducción del porcentaje significa que la Ciudad dejará de percibir $ 13.000 millones. Para 2021 la pérdida de ingresos se estima en más de $ 53.000 millones. Por otra parte, esta reducción afectará también la prestación de los servicios básicos que la Ciudad lleva adelante, situación que se agrava al producirse en medio de la pandemia, ya que los gastos ocasionados por el COVID-19 para este año alcanzarán los $ 18.000 millones.

 

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