EN CONCESIONARIAS

Panamericana y Acceso Oeste: allanaron empresas e investigan irregularidades en acuerdos firmados con gobierno de Macri

Las compañías habían desistido de demandas ante el CIADI tras una negociación con la gestión de Cambiemos.La justicia investiga si hubo irregularidades en esas operaciones.
Jueves 13 de febrero de 2020

Autopistas

La División Lavado de Activos de la Policía Federal llevó a cabo cinco allanamientos en oficinas vinculadas a las empresas concesionarias de la Panamericana (Autopistas del Sol) y del Acceso Oeste (Grupo Concesionarios del Oeste) por solicitud del juez Rodolfo Canicoba Corral, que investiga un presunto negociado detrás de los acuerdos que firmaron con el gobierno de Mauricio Macri en medio de la renegociación de la deuda que el Estado mantenía con ellas.

 

Los operativos se realizaron en las oficinas administrativas de las compañías y en las sedes sociales que se encuentran sobre los corredores viales.

 

Otro procedimiento se llevó adelante en Natal Inversiones, la firma que compró el 7% de Autopistas del Sol a Sideco, una de las sociedades anónimas que conforman el holding de la familia del ex presidente, según consignó Infobae.

 

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La investigación que fue iniciada tras una denuncia de los diputados Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau, puso en la mira los contratos que se firmaron a cambio de que se retiraran las demandas que estaban vigentes ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) del Banco Mundial, donde la Argentina enfrentaba reclamos millonarios.

 

El gobierno anterior negoció en el caso de Autopistas del Sol una extensión de la concesión hasta 2030 y un pago de USD 499 millones en concepto de “inversión efectuada no amortizada” a cambio de que Albertis S.A, la española controlante de Ausol, retirara la demanda ante el tribunal internacional. Albertis y Sideco (compañía de los Macri) fueron socias en la Panamericana hasta 2017.

 

Según los denunciantes, las irregularidades comenzaron a fines de 2015, tres días antes de la asunción de Cambiemos en el poder. En ese entonces, Albertis presentó un reclamo por USD 1.100 millones. Esa demanda fue utilizada luego como argumento por el gobierno nacional para renegociar la concesión.

 

En tanto, allegados a la anterior conducción del Ministerio de Transporte contradicen esta versión y dicen que el levantamiento de la demanda fue una consecuencia de la renegociación, que había comenzado a discutirse en el gobierno Eduardo Duhalde: “Lo que hicimos nosotros es terminar con ese proceso”, detallaron.

 

Por su parte, el ex presidente Mauricio Macri admitió su relación con la firma española al negarse a firmar el decreto donde se acordó la renovación, que finalmente fue rubricado por su vice, Gabriela Michetti, en virtud de una recomendación de la entonces titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, para evitar “un conflicto de intereses”. Esta semana, Florentino Pérez expresó públicamente su respaldo al nuevo puesto que ocupará Macri en la Fundación de la FIFA.

Mauricio Macri
Autopistas
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HABÍA SIDO PUBLICADO EN BOLETÍN OFICIAL

Qué decía el nuevo protocolo sobre aborto no punible que Macri revocó

Le daba rango ministerial al ya existente y, según explicó el propio Alfredo Rubinstein a Infobae, no dejaba lugar a interpretaciones sobre cómo debía actuarse.
Jueves 21 de noviembre de 2019

Mauricio Macri y Rubinstein

Por orden del presidente Mauricio Macri, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, emite una resolución que revocará la actualización del protocolo de aborto no punible que la Secretaría de Salud había publicado el miércoles en el Boletín Oficial, en medio de una polémica con Adolfo Rubinstein, a quien sectores del oficialismo le pidieron la renuncia.


La decisión de Macri de dar marcha atrás abrió una grieta dentro de Juntos por el Cambio, ya que algunos dirigentes como Martín Lousteau criticaron la medida de retrotraer la actualización del protocolo, mientras que Ernesto Sanz defendió a Rubinstein.


La Secretaría de Salud había publicado este miércoles la actualización del "Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo", el cual regía desde 2015, y que se lleva a cabo en los dos casos en que el aborto puede ser practicado de manera legal hasta el momento: cuando se solicite la práctica para evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada o cuando el embarazo sea producto de una violación.
Uno de los cambios más sustanciales era que la objeción de conciencia no podía impedir que un hospital o centro de salud realizara la interrupción del embarazo.


Los puntos más relevantes de la nueva normativa

  • Todas las personas con capacidad de gestar (es decir: mujeres, niñas, adolescentes, varones trans y personas que no se identifican con ningún género) tienen derecho de acceder a la interrupción legal del embarazo cuando este se encuadre en alguna de las causales que la ley establece para solicitar la práctica: que represente un peligro para la vida o la salud, o que sea producto de una violación.
  • Es esencial identificar precozmente a las personas que presentan un embarazo en el contexto de las causales de ILE, realizar una consejería adecuada y, en los casos en los que la decisión sea interrumpir la gestación, acompañar la decisión y no demorar la práctica.
  • Entre los 13 y los 16 años las personas adolescentes pueden dar su consentimiento autónomamente para las prácticas de ILE cuando esta práctica no implique un riesgo grave para su salud o su vida.
  • Las y los niñas/os y adolescentes deberán siempre ser escuchadas/os y prestar su consentimiento, necesiten o no acompañamiento (asistencia), ya que la regla general según el Código Civil es su plena capacidad para consentir.
  • En los casos de niñas menores de 13 años podrán brindar su consentimiento con el acompañamiento de sus progenitores o personas que ejerzan, formal o informalmente, roles de cuidado, quienes deberán firmar ratificando el consentimiento informado de la niña. En caso de desacuerdo entre la niña y los/as progenitores, el equipo de salud es quien debe valorar la situación.
  • El certificado único de discapacidad no representa, de ningún modo, una restricción a la capacidad de ejercer autónomamente los derechos.
  • La implementación de mecanismos administrativos y/o la realización de la interconsulta no pueden implicar demoras innecesarias en la realización de la ILE.
  • La calidad de la atención y los requisitos para acceder a la práctica de ILE son los mismos en establecimientos públicos, de obras sociales y privados. También lo es la responsabilidad de los profesionales en caso de no respetar los derechos de las personas.
  • La objeción de conciencia no debe traducirse en obstrucción a la práctica contemplada en la normativa legal y de la que el Estado es responsable de garantizar.
  • Las demoras innecesarias, el brindar información falsa o negarse a llevar a cabo el tratamiento constituyen actos que pueden ser sancionados administrativa, civil y/o penalmente.
  • Todas las prácticas e intervenciones que se realicen, ya sea de manera ambulatoria o con internación, deben registrarse tanto en la HC como en los otros sistemas de registro establecidos según la institución o jurisdicción correspondiente.
  • Para la realización de una ILE nunca es exigible la denuncia policial o judicial de violación.
  • En los casos de violación NO es necesario que la mujer relate los detalles del evento. No se debe insistir en preguntar y recabar datos del posible actor del delito de violación para no revictimizarla.
  • El consentimiento informado y la declaración jurada son los únicos requisitos que se debe solicitar a la mujer para realizar una ILE producto de una violación.

 

La Ley 26.485 sancionada para prevenir, asistir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres describe tipos y modalidades de violencia. La violencia puede ser física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica (tipos de violencia, art. 5). Y puede ser doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática (modalidades de violencia, art. 6).

 

La publicación del nuevo protocolo desató una interna en el Gobierno y generó duras críticas a Rubinstein, pero cerca del jefe de Gabinete, Marcos Peña, negaron que se le haya pedido la renuncia.


Según estimaciones recientes, por lo menos el 8% de las muertes maternas a nivel mundial se deben a abortos inseguros; al menos 22.800 mujeres mueren cada año debido a complicaciones de abortos inseguros. Casi todas las muertes relacionadas con el aborto ocurren en los países en desarrollo (Singh, 2018).

Aborto no punible
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Gobierno
ABORTO NO PUNIBLE

Macri revocó el protocolo de aborto no punible, en medio de la fuerte polémica con Rubinstein

La decisión de Macri de dar marcha atrás abrió una grieta dentro de Juntos por el Cambio, ya que algunos dirigentes como Martín Lousteau criticaron la medida y otros, como Ernesto Sanz, defendieron a Rubinstein.
Miércoles 20 de noviembre de 2019

Carolina Stanley y Mauricio Macri, NAMacri y Stanley. NA

Por orden del presidente Mauricio Macri, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, emitirá mañana una resolución que revocará la actualización del protocolo de aborto no punible que la Secretaría de Salud había publicado hoy en el Boletín Oficial, en medio de una polémica con Adolfo Rubinstein, a quien sectores del oficialismo le pidieron la renuncia.

 

La decisión de Macri de dar marcha atrás abrió una grieta dentro de Juntos por el Cambio, ya que algunos dirigentes como Martín Lousteau criticaron la medida y otros, como Ernesto Sanz, defendieron a Rubinstein.

 

La Secretaría había publicado este miércoles la actualización del "Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo", el cual regía desde 2015, y que se lleva a cabo en los dos casos en que el aborto puede ser practicado de manera legal hasta el momento: cuando se solicite la práctica para evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada o cuando el embarazo sea producto de una violación.

 

Uno de los cambios más sustanciales era que la objeción de conciencia no podía impedir que un hospital o centro de salud realizara la interrupción del embarazo. 

Mauricio Macri en el debate presidencial, NAMacri. REUTERS

Pero este jueves, a veinte días de que se Macri deje el poder, la ministra Stanley emitirá una resolución en el Boletín Oficial que revocará la actualización de ese protocolo, confirmaron fuentes de su cartera a NA.

 

La publicación del nuevo protocolo había desatado críticas de miembros del oficialismo, como el senador Federico Pinedo, quien en Twitter sostuvo: "Me parece lamentable y claramente inconstitucional la resolución del secretario de Salud ampliando de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica".

 

Y, apuntando contra Rubinstein, agregó: "No puede pasar por encima de un debate de seis meses del Congreso Nacional y legislar por sí mismo, contradiciendo normas de rango constitucional".

 

La senadora del radicalismo tucumano Silvia Elías de Pérez también cuestionó al secretario, en tanto que la diputada nacional electa por el PRO en la Ciudad Dina Rezinovsky pidió su renuncia.

 

"El secretario de salud Rubinstein resuelve ampliar el protocolo nacional para descartar niños y destruir mujeres. Se olvida que tras meses de debate el Congreso dio un rechazo total a la ley del aborto. Espero su renuncia y que se deje sin efecto esta resolución inconstitucional", señaló en su cuenta de Twitter.

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