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Narco ligado a viuda e hijo de Pablo Escobar pactó con Justicia argentina: señaló a Chicho Serna como testaferro de un capo

Se trata del colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos, preso en Estados Unidos. Acordó un juicio abreviado como imputado colaborador. La viuda y el hijo de Escobar también fueron elevados a juicio junto al ex futbolista.
Jueves 4 de junio de 2020

Causa Narco, testigoJosé Bayron Piedrahita Ceballos.

En su celda de reclusión, José Bayron Piedrahita Ceballos se animó a contar el tiempo. Preso en una cárcel de la Florida estadounidense, ganadero, capo narco de acuerdo a lo dicho por los fiscales que lo persiguen, Piedrahita Ceballos entendió que su gran capital era él mismo. Así que el colombiano consiguió un teléfono, llamó a su abogado en Buenos Aires y negoció su situación. Se convirtió en un colaborador imputado de la Justicia argentina, un arrepentido.

 

No lo hizo solo para los jueces locales; también para los procesos vigentes que se llevan en su contra en Estados Unidos y en su país. Ganaba tiempo al hacerlo, ganaba evitar un juicio desgastante donde todo sería peor y lograr una pena más breve que se computaría con su tiempo cumplido. Con 61 años de edad, Piedrahita Ceballos, podría, quizás, morir libre.

 

Aterrizó en la Argentina, según él mismo dijo, en 2007, donde tiene un DNI, número 60 millones. La Justicia federal argentina lo acusa por sus negocios locales, algo que parece un sueño afiebrado de Netflix, pero que en realidad era lo que otros colombianos ligados al negocio de la cocaína hicieron en la Argentina de las últimas décadas: lavar su plata. El problema era con quién hacía esos negocios: María Isabel Santos y Sebastián Marroquín, viuda e hijo de Pablo Escobar. El hombre en el medio era un abogado y empresario de Pilar, Mateo Corvo Dolcet, hoy preso en su casa en la misma causa que involucra al capo colombiano.

 

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El allanamiento a la propiedad del abogado argentino en el country Ayres del Pilar reveló un documento firmado el 15 de febrero de 2011, una cancelación de deuda entre “la señora María Isabel Santos y Sebastián Marroquín” y el abogado bonaerense Mateo Corvo Dolcet para “dar por cumplidas las promesas recíprocas de la presentación de José Piedrahita, inversor del proyecto inmobiliario que Corvo Dolcet lleva adelante”. El texto, firmado por Corvo Dolcet, Santos y Marroquín habla de “distintas inversiones” hechas por Piedrahita en efectivo y mediante “la entrega de dos propiedades”.

 

Santos y Marroquín, a raíz de esta presentación, pidieron a Corvo Dolcet una comisión “del 4,5% del total de la inversión realizada, suscribiendo documentos que así lo acreditan”. Al final de la página, Santos, Marroquín y Corvo Dolcet firmaron en conformidad. Ya no había deuda entre ellos, todo estaba saldado.

 

Causa Narco, declaración de testigo

Testimonio sobre la causa.

 

Todo se encontraba con el nombre de Piedrahita, ningún alias, ningún prestanombres o testaferro: el capo, directamente.

 

Otro contrato entre Piedrahita y Corvo Dolcet también fue encontrado, rubricado en 2012 en Medellín: ese contrato hablaba de la conveniencia de que Piedrahita “deje de figurar formalmente como socio” en los negocios junto a Corvo Dolcet, pidió explícitamente ser un “socio oculto” con un “irrevocable” deber de confidencialidad. El colombiano fue el socio del abogado en firmas como Insula Urbana y Las Recovas del Pilar Sociedad Anónima. El núcleo de ese negocio: vender cocheras en un emprendimiento llamado Pilar Parking, a $245 mil cada una, 400 plazas en total, $98 millones en facturación bruta potencial. Pilar Parking quedó en nada, una mole abandonada cerca de la Panamericana, con acreedores que también denunciaron las estafas.

 

La viuda y el hijo de Pablo Escobar habían sido citados a indagatorias en mayo de 2018 en el Juzgado Federal N°3 de Morón a cargo de Néstor Barral, en un expediente con el fiscal Sebastián Basso -hoy en la UFI AMIA, en reemplazo de Alberto Nisman, hoy reemplazado en el expediente por Santiago Marquevich y la PROCUNAR, el ala de la Procuración dedicada a investigar delitos de narcotráfico, con el fiscal Diego Iglesias.

 

Hay un cuarto personaje en la trama, Mauricio “Chicho” Serna, el ex ídolo de Boca. Conoció a Piedrahita, según él mismo, en un restaurant de Puerto Madero. Colombiano como él, llegó a llamarlo “Don José”. A Serna se le atribuyó, inicialmente “haberle entregado a precio irrisorio” a Piedrahita Ceballos dos lotes en un country de Moreno. Resultó ser más aún.

 

En agosto de 2019, los fiscales pidieron la elevación a juicio por lavado de la viuda e hijo de Escobar, así como de Serna. Esta semana, Corvo Dolcet, Serna, Marroquín y Santos fueron elevados a juicio por el juez Barral, todos por lavado de activos.

 

La lista incluyó a Piedrahita. De todos modos, su situación es distinta.

 

Causa Narco, ex esposa e hijo de Pablo EscobarEx esposa e hijo de Pablo Escobar Gavíria.

 

En un acuerdo histórico con la Justicia argentina, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, el capo colombiano usó su testimonio para negociar una pena de 5 años y 6 meses de prisión, 165 millones de pesos de multa. Incautaron sus bienes en el país, como la mole abandonada a la vera de la Panamericana, que será un centro para asistir a enfermos de coronavirus, bienes que valen cerca de 4 millones de dólares. Luego, están todas sus declaraciones.

 

En su declaración como arrepentido, Piedrahita contó su pasado en el Cartel de Cali, sus vínculos con los hermanos Rodríguez Orejuela, los fundadores del Cartel: aseguró manejar un laboratorio capaz de producir media tonelada diaria de polvo, con un millón y medio de dólares de ganancia mensual. Dijo que al menos la viuda de Escobar lo conocía de aquella época, que la hermana de Isabel Santos trabajaba con él, que se sentó junto a ella “en los procesos de paz” tras la muerte de Escobar para evitar baños de sangre. También, habló de Chicho Serna.

 

En el penal de la Florida, el colombiano vinculó a Serna con “Rogelio”, Carlos Mario Aguilar, ex jefe de la Oficina de Envigado, que nació como una pandilla de matones en el mismo municipio al calor del viejo Cartel de Medellín y que posteriormente tomó vuelo propio, una confederación mafiosa que tomaría a Medellín como propio. Piedrahita, para definir el vínculo entre Serna y “Rogelio”, usó una palabra poco agradable: “testaferro”.

 

Piedrahita manifestó que como “Rogelio” le debía dinero, se lo pagó, de acuerdo a su declaración, con un inmueble en el actual Club de Campo San Diego en la zona de Francisco Álvarez y dos lotes en el Barrio Terravista de General Rodríguez, los cuales Serna tenía bajo su propiedad, pero pertenecían realmente al ex jefe de la Oficina de Envigado. En el country San Diego, Piedrahita Ceballos tiene precisamente asentada su dirección fiscal. Vivió varios meses en esa casa, manifestó.

 

Mauricio Chicho SernaMauricio "Chicho" Serna", Foto: Facebook.

 

Así, el ex Boca se convierte para la Justicia argentina en “un partícipe necesario”, según documentos de la causa.

 

"Además, de los documentos 134, 135 y 136, se desprende que el 20 de octubre del año 2010, Piedrahita (representado por Corvo en virtud del poder general amplio de administración y disposición que le fuera otorgado el 12 de enero de 2009), le vendió a Guerrini (accionista de “Ínsula Urbana S.A.”) por los lotes 165 y 166, del emprendimiento “Terravista”, a cambio de U$S 220.000 que le fueron abonados en efectivo a Corvo (documento 136); cuando el 3 de noviembre de 2008, Mauricio Alberto Serna Valencia, había suscripto dos“contratos de compraventa” con Piedrahita Ceballos por esos lotes, y como contraprestación habían acordado la entrega de U$S 100.000 (abonados en ese acto) y la cancelación de una deuda de U$S 78.000″, asegura la elevación a juicio.

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INTENSAMENTE BUSCADOS

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Viernes 29 de mayo de 2020

Asesinato narco en MorenoEl lugar del asesinato en Moreno.

Dos individuos, que se asegura están relacionados al narcotráfico, asesinaron a balazos a un hombre, de 61 años, e hirieron a su hijo, de 24, como fin de una pelea que ocurrió en la localidad bonaerense de Cuartel V, en el partido de Moreno. Los homicidas huyeron y se cree que el altercado estaría vinculado a la comercialización de estupefacientes.

 

Según lo señalado por los voceros del departamento judicial de Moreno – General Rodríguez, la víctima fatal, llamada Ramón Ernesto, de 61 años, recibió una herida de arma de fuego en el estómago y falleció mientras era operado por los médicos en un centro asistencial.

 

Se supo que el hecho se produjo en la esquina de Comandante Luis Piedra Buena y Máximo Paz, en el citado distrito, cuando los homicidas arribaron a ese lugar en un automóvil y uno de los individuos, que bajó del rodado, empezó a dialogar con el sexagenario y con el muchacho.

 

Repentinamente y por motivos que se investigan, se generó una pelea, ocasión en la que el sujeto que había descendido del coche extrajo un arma de fuego y comenzó a realizar disparos, provocándole heridas a ambas víctimas. Con rapidez, el agresor subió al vehículo y escapó junto a su cómplice.

 

Dudas respecto del vehículo en el que escaparon.
Habitantes del vecindario dijeron que estos individuos se desplazaban en un VW Gold Trend gris, pero otros testigos aseguraron que este auto era en realidad un Fiat Palio de ese color.

 

Integrantes de la comisaría de Cuartel V (4ª de Moreno) realizan diversos operativos para localizar a los delincuentes.

 

En la causa, que fue caratulada “Homicidio y lesiones”, tomó intervención la Unidad Funcional N° 8 de los tribunales de Moreno – General Rodríguez.

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BANDAS DELICTIVAS PROTEGIDAS

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Domingo 23 de febrero de 2020

Bandas narco, Rosario, Santa Fe, custodia de Policía

La ciudad santafesina de Rosario vive horas dramáticas como consecuencia del recrudecimiento de la violencia narco. En Cavia al 1300, al norte de la ciudad, se puede ver un patrullero debajo de unos árboles. Un policía está dentro del vehículo y su compañero, con una escopeta apoyada en el capot. Pero no cuidan cualquier casa: ahí vive María Elena Pérez, la madre de Emanuel Sandoval, el joven que confesó atentar en 2013 contra la casa del entonces gobernador Antonio Bonfatti y que fue asesinado el 25 de octubre a manos de un grupo comando que entró en la mansión que le alquilaba al juez Oscar Puccinell, donde cumplía su detención domiciliaria.

 

Mimi, como es conocida la madre de Sandoval, tiene custodia policial por orden de la Justicia, donde los vecinos del barrio denuncian que vende drogas. Es un centro neurálgico para reclutar distribuidores de droga que hacen delivery de cocaína al norte de Rosario.

 

Entre el 1° de abril de 2019 y el 10 de febrero pasado, once llamadas llegaron al 911 de parte de vecinos del barrio Casiano Casas, en las que se conoció del funcionamiento en ese lugar de un búnker donde se venden estupefacientes y se escuchan de manera frecuente disparos. "A la vuelta de donde está el patrullero entregan la droga", señaló una vecina a la propia policía. Eso ocurre bajo una situación particular: con la custodia de un móvil policial, dispuesta por orden judicial. El otro hijo de Mimi, Alexis, cayó detenido el jueves pasado en el barrio Rucci, cerca de donde vive su madre, con 30 dosis de cocaína que buscaba repartir en la zona.

 

Ese caso, con narcos que tienen la protección del Estado a través de la custodia policial, ordenada por oficios judiciales, no es el único. Una investigación identificó otros cuatro casos entre los más destacados, sobre un total de 640 personas que tienen actualmente custodia en Rosario, donde están destinados para esa tarea 1274 efectivos policiales, prácticamente un tercio del total de uniformados que posee esa fuerza en la ciudad, que suma 40 homicidios este año.

 

"Este caso de la familia Sandoval es un ejemplo del dislate que existe en este tema de las custodias, en el que hay un claro divorcio entre la causa judicial que se investiga y la asignación de una custodia para sacarse responsabilidades de encima. Por una desidia administrativa, el propio Estado termina protegiendo a una persona sospechosa de ser narco", comentó el ministro de Seguridad santafesino, Marcelo Sain.

 

El Ministerio de Seguridad prepara un informe para elevar a la Justicia en procura de establecer un proceso para otorgar las custodias, que muchas veces se solicitan y quedan cin controles. Luego de comenzar a relevar la cantidad de casos, en la cartera que dirige Sain se toparon con este panorama, algo que ya había criticado también su antecesor, Maximiliano Pullaro.

 

Bandas narco, Rosario, Santa Fe, custodia de Policía

 

"No es solo un problema de asignación de recursos, sino de estrategias para resguardar a una persona. El Poder Judicial debería contar con otras herramientas y no solo con el uso de un patrullero para este tipo de custodias. Esas herramientas hoy existen, pero no se utilizan", indicó el funcionario.

 

Teoricamente, en cada oportunidad que un fiscal pide una custodia se debe refrendar el pedido cada 15 días, algo que no sucede en la práctica. "Hay un abuso de parte de la Justicia en otorgar, muchas veces sin justificación, custodias a personas que deberían estar presas o que usan el escudo de la policía para seguir cometiendo delitos", afirmaron en el Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

 

En este momento de pico máximo y creciente de violencia en Rosario el patrullaje se resiente frente a la obligación de que 56 patrulleros por turno de un total de 91 que están de servicio estén abocados a custodias, muchas de ellas, como se consignó, otorgadas a gente que las utiliza como protección.

 

Otra familia narco conocida de Rosario con custodia policial es el clan Padilla, que fue uno de los primeros en instalar aquí cocinas de cocaína. Claudia y Brenda Padilla, hijas de Roberto, alias Tuerto Boli, cuentan con una custodia durante las 24 horas en su casa en la calle La República. Esa organización, cuyo líder fue asesinado en diciembre de 2012, cuando estaba con libertad condicional, está sospechada por la Justicia de estar detrás del triple crimen que ocurrió el domingo de la semana pasada, cuando fueron acribillados con una ametralladora Cristofer Albornoz, su expareja Florencia Corvalán y su beba Chelsi, de un año y medio. El padre de Cristofer, Miguel Ángel Albornoz, exsocio de Padilla, denunció amenazas y también pidió custodia policial el miércoles pasado.

 

Un caso parecido es el de Oscar García, alias Manco, cuyas propiedades fueron allanadas por narcotráfico varias veces, y que fue condenado a tres años de prisión en mayo pasado por asociación ilícita. En su casa de la zona sudoeste de Rosario está apostado un patrullero durante las 24 horas. Es cuñado de Jorge Laferrara, exmiembro de Los Monos, cuyo hijo Mauricio, alias Caníbal, fue imputado del ataque a una distribuidora de bebidas de García,
quien quedó hemipléjico por un balazo. El 7 de febrero pasado, el patrullero que custodiaba la casa de Manco fue blanco de disparos, que habrían estado dirigidos a su hijo. Una suboficial que estaba dentro del móvil sufrió heridas en el rostro por las esquirlas de las balas y los vidrios.

 

"La policía y el Ministerio de Seguridad deberían tener la posibilidad de evaluar las condiciones sobre cómo se instrumentan estas custodias sobre la base de los medios que posee la fuerza", dijo el jefe de la policía, Víctor Sarnaglia, y continuó: "Hay más de 1,2 millones de personas en Rosario que tienen derecho a tener seguridad".

 

No solo la policía cuida personas condenadas y procesadas por narcotráfico, sino también la Gendarmería, como es el caso de Norma Acosta, condenada en 2013 por narcotráfico a seis años de prisión, un fallo que fue ratificado en febrero de 2018 por la Cámara de Casación. Esta mujer, que tuvo un alto perfil mediático durante mucho tiempo, tras la muerte de su exmarido Miguel Ángel Saboldi, asesinado en un incendio en la cárcel en abril de 2013. Al homicidio de su ex marido le siguió la muerte de su hermano, Aldo Acosta, ejecutado a tiros en Presidente Roca al 2300, el 1º de abril de 2014. Luego mataron a su padre, también llamado Aldo Acosta, quien recibió seis balazos en la puerta de su casa de Villa Gobernador Gálvez, el 3 de diciembre de 2014.

 

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