Expropiación de YPF: el Estado argentino deberá pagar otros USD4920 millones

YPF y la Argentina. Foto: NA.

Este jueves se ha informado que el Estado argentino deberá pagar otros 4.920 millones de dólares -como mínimo- como consecuencia directa de la expropiación de la empresa YPF.

En este contexto es que desd la República Argentina se ha solicitado directamente a la justicia de los Estados Unidos que todo lo que implique el reconocimiento por los daños en el juicio que ha sido activado por dos fondos buitre derivado de la expropiación de YPF no supere los 4.920 millones de dólares.

Así consta en un escrito presentado en Nueva York. Vale destacar que el pedido se ha efectuado de este modo, debido a que el reclamo total llega a los 16 mil millones de dólares.

La presentación estuvo a cargo del estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLT, que representa al Estado argentino, y es parte de las audiencias que han sido oportunamente convocadas por el Tribunal del 2do. Distrito Sur de Nueva York en el marco del juicio por la estatización de la petrolera.

Te puede interesar:

Juicio por YPF: fondo Burford exigió que pasen a su nombre el 51% de las acciones de la empresa que tiene el Estado argentino

El conflicto

En ese litigio aún queda por definir el monto total de los resarcimientos que afrontará la Argentina tras la expropiación de YPF y que reclaman los fondos Burford y Eton Park. Para poder establecer el monto a pagar, la jueza estadounidense Loretta Preska se abocará a analizar los escritos que presenten las partes, entre ellos el presentado hoy por el bufete jurídico que patrocina a la Argentina.

Esa indemnización estaría determinada en función tanto de la fecha en que el Estado nacional obtuvo el control de las acciones de YPF sujetas a expropiación, como de la tasa de interés que se fije por la demora en la actualización de la indemnización. Dicho monto puede variar, según estimaciones, entre 4.920 y 16.000 millones de dólares.

En cuanto a la fecha en que la Argentina obtuvo el control de las acciones sujetas a expropiación, los dos fondos demandantes señalan que fue el 16 de abril de 2012, fecha en que se envió el proyecto de ley de expropiación al Congreso, al tiempo que por decreto se designó un interventor del Ejecutivo para desplazar al directorio de YPF.

Pablo Gonzáles, presidente de YPF. Foto: NA.

La contraparte, el Estado argentino, responde que los daños económicos deben calcularse tomando como parámetro la fecha del 7 de mayo de 2012, cuando entró en vigor la Ley 26.741 (que declaró la utilidad pública y la expropiación), ya que fue en ese momento que se comenzó a ejercer el derecho político y económico de las acciones.

El 31 de marzo pasado la magistrada falló contra la República Argentina y eximió de responsabilidades a YPF, pero no determinó el monto a pagar como resarcimiento.

Las audiencias se prolongarán hasta el viernes, aunque no hay fecha cierta para que se conozca el fallo, señalaron las fuentes. El escrito consta de una presentación con citas, testimonios y gráficos de 143 fojas que fue elaborada por el estudio Sullivan & Cromwell, patrocinante de la Argentina en los tribunales de EEUU en colaboración con el procurador general del Tesoro, Carlos Zannini.

En el escrito, que fue difundido este martes por fuentes oficiales, se hace hincapié en la fecha del traspaso del control de la compañía petrolera como eje central de la argumentación. En las conclusiones, la Argentina plantea que "el tribunal debe ejercer discreción para no otorgar intereses previos al fallo" y que "el tribunal no debe inflar aún más las enormes ganancias inesperadas de los demandantes con intereses previos al fallo".

Más adelante, los letrados consideran que "los demandantes recibirán una ganancia inesperada bajo cualquier escenario, que el grupo Petersen se benefició durante años por el deterioro de YPF que condujo a la expropiación, y que cualquier otra indemnización por daños exacerbará los desafíos económicos actuales de Argentina".

Los patrocinantes del Estado argentino pusieron énfasis en que "los daños deben basarse en el cálculo corregido del precio de la oferta pública del 7 de mayo de 2012 sin intereses previos al fallo". En la diferencia de la base de cálculo se especifica que "usando los datos de ganancias disponibles del cuarto trimestre de 2009, los daños de los demandantes para el 16 de abril de 2012 son casi 3 mil millones de dólares menos".