Crisis migratoria: casi 35 mil personas ingresaron a Chile de manera ilegal en lo que va del año

Crisis migratoria en la frontera entre Chile y Perú. Foto: EFE

La ley de migraciones promulgada hace dos años bajo la administración de Sebastián Piñera, exige obtener visas en las embajadas chilenas de los países de origen para evitar que extranjeros se hagan pasar por turistas y cambien su calidad migratoria para buscar trabajo.

A pesar de esa iniciativa, no se logró disminuir la cantidad de migrantes ilegales en el país. Por el contrario, cuando entró en vigor la ley, la cifra se triplicó: pasó de poco más de 16.000 en 2020, a 56.856 entradas irregulares al país al año siguiente. Además, las cifras actuales van camino a superar los 50.000 migrantes irregulares, lo que significaría un número similar a los reportados en los dos últimos años.

Crisis migratoria en Chile. Foto: EFE

Según datos entregados por la Policía de Investigaciones (PDI) al Observatorio de la Migración Responsable, en lo que va del año se registraron 34.543 ingresos a Chile sin la documentación exigida para hacerlo.

La mayoría de los extranjeros en Chile proceden de Venezuela, Perú, Haití y Colombia. La crisis migratoria afecta principalmente a las regiones del norte del país: pequeñas localidades fronterizas, como Colchane, colapsaron. Allí, en los últimos años fallecieron decenas de personas intentando ingresar por rutas clandestinas.

En materia de expulsiones, la PDI informó al Observatorio que este año se concretaron 187 deportaciones "por ingreso clandestino o tener antecedentes penales en el país de origen".

El presidente de Chile, Gabriel Boric. Foto: EFE.

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Requisitos para obtener la residencia chilena

Solo aquellas personas que no cuenten con antecedentes penales, que estén insertos en la economía formal o tengan vínculos familiares en Chile, podrán conseguir la residencia. La ley mencionada busca ordenar el caótico proceso migratorio. 

El país vive una crisis tan importante en esa materia, que el Ejecutivo se vio obligado a militarizar las fronteras del norte del país, a fines de febrero de este año. Se había iniciado un despliegue militar en los puntos críticos de la frontera con Perú y Bolivia, durante 90 días, con el objetivo de aumentar el control del ingreso irregular de personas migrantes que afecta la zona.