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Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) denunció "un creciente número de casos de roturas de silobolsas en distintos lugares del país", y consideró que esto está "estrechamente vinculado a un odio ideológico hacia el campo".

 

"En estos días asistimos a un creciente número de casos de roturas de silobolsas en distintos lugares del país, hecho que no es nuevo, pero que en determinado momento recrudece y parece estar estrechamente vinculado a un odio ideológico hacia el campo que encuentra su canalización en romper silobolsas para expresar su locura y violencia", señaló CRA en un comunicado.

 

Ante este alarmante panorama, sus integrantes realizaron un mapa reflejando los distintos actos delictivos que ocurren en cada provincia.

 

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Con mucho dolor, tenemos que contar dos asesinatos a productores, en Misiones y Tucumán. Hacemos llegar nuestra solidaridad a todos aquellos productores que han visto desaparecer su trabajo en mano de delincuentes. Y sin una condena enfática por parte del oficialismo a tanta barbarie no es posible imaginar ni el esclarecimiento de los hechos ocurridos ni el final de tan tremenda acción delictiva”, explicaron desde la entidad.

Rotura de silobolsas, mapa de delitos rurales elaborado por Confederaciones Rurales ArgentinasEl mapa de delitos rurales elaborado por Confederaciones Rurales Argentinas.

“Los productores agropecuarios también somos ciudadanos merecedores de todos los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional y la seguridad es uno de ellos”, comentaron.

 

Algunos de los ejemplos que se denunciaron en el último tiempo ocurrió en Mendoza donde robaron la cosecha de 8.000 kilos de ajo a un productor. De acuerdo a las estimaciones del Departamento Económica de CRA, las roturas de silobolsas alcanzó las 5.700 toneladas dañadas. Vale recordar que en el intento de recuperar el grano se pierde un 15% del mismo.

 

Ante los sucesivos hechos registrados, se ha impulsado un petitorio con más de 18.500 firmas a través de la plataforma change.org. El petitorio pide que el Gobierno nacional y los estados provinciale tomen medidas para impedir que los hechos se sigan registrando.