Perú: la ONU y la OEA denuncian "faltas graves" en el Congreso por intentos de intervenir la Justicia

Parlamento de Perú. Foto: Instagram/ @congresodelperu

Diversas instituciones internacionales denunciaron irregularidades en la Justicia peruana. La Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), consideraron como "faltas graves" los intereses de miembros del Congreso de intervenir la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por motivos de los cuales no dieron detalles.

“Estoy siguiendo de cerca los acontecimientos en Perú; me preocupa la posible aprobación en el pleno del Congreso de un informe que recomienda remover a todos los miembros de la JNJ mediante un mecanismo sumario”, expresó la relatora de la ONU para la independencia de los magistrados, Margaret Satterthwaite. “Las instituciones son fundamentales a la hora de asegurar la resiliencia democrática”, añadió el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien planteó que el jefe del gabinete ministerial peruano, Alberto Otárola, le dijo que es necesaria la independencia de la JNJ, las entidades electorales y la Fiscalía.

Alejandro Soto, presidente del Congreso de Perú. Foto: EFE

Los miembros de la JNJ, que nombran, monitorean, investigan y eventualmente sancionan a jueces y fiscales, y supervisan a las instituciones que organizan las elecciones, quedaron en peligro desde que la Comisión de Justicia del Congreso aprobó un informe que plantea penarlos por faltas de las que no dieron explicaciones. El escándalo fue más grande porque anteriormente se conoció que quien preside la Comisión, Janet Rivas, presentaría un dictamen contra las sanciones por falta de pruebas.

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Los motivos de presentación del informe

Sin embargo, en la madrugada del jueves, el grupo refrendó un reporte que promueve sanciones “con cargo a redacción”, es decir, que los motivos se incluirán luego. El presidente del Congreso y miembro de la oposición, Alejandro Soto, espera tener asegurados los 87 votos (de 130) necesarios para la aprobación y ahí pondrá a consideración el informe.

El informe fue presentado por una alianza en los hechos entre los partidos Fuerza Popular (FP, derecha), los disidentes de Perú Libre (PL, izquierda) y Alianza Para el Progreso (APP, centroderecha), con aval de otros dos de derecha radical, Renovación Popular y Avanza País, y de varios diputados más. En este caso también coinciden bancadas como Bloque Magisterial, que reúne a legisladores que siguen al destituido presidente Pedro Castillo. La de Cambio Democrático, donde hay parlamentarios de izquierda y centroizquierda, es la única que está en bloque en contra.

Congreso de Perú. Foto: Reuters.

“Detrás de todo esto hay una conspiración, en la que está claro que Fuerza Popular y Perú Libre se están dando la mano para atentar contra el centro político”, manifestó el exprocurador anticorrupción José Ugaz, que denunció supuestos “intereses subalternos en busca de impunidad”. “El país ha caído en manos de las peores mafias, aquellas que retan la ley, se burlan del debido proceso y aniquilan aquello que se anteponga a sus intereses”, añadió la exjefa del gabinete ministerial y dirigente de izquierda Mirtha Vásquez.

“Detrás de todo esto hay una conspiración, en la que está claro que Fuerza Popular y Perú Libre se están dando la mano para atentar contra el centro político”

Las acusaciones del Congreso empezaron por iniciativa de la ultraderechista Patricia Chirinos, quien planteó la destitución por supuestas faltas como adelanto de opinión, filtración de información o exceso de edad de una de las integrantes de la Junta. Según el informe original de Rivas -de Perú Libe- que se filtró a la prensa y luego fue desechado, los casos “no generan el mínimo de certeza requerida, toda vez que no existe medio probatorio alguno”, por lo que solo deja en pie el caso de Inés Tello, quien cuando asumió no tenía aún los 75 años que se fijan como máximo.

Si los miembros de la JNJ -Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, María Zavala, Antonio de la Haza, Henry Ávila, Guillermo Thomberry y Tello- son depuestos, sus lugares serán para quienes ocuparon del octavo al decimocuarto puesto en el certamen público de méritos que se hizo en 2019 para designar integrantes por cinco años. Para diversos expertos, esos siete potenciales nuevos participantes tendrían encima el antecedente y solo podrían limitarse a someterse a las fuerzas que controlan el Congreso o ser igualmente destituidos.

Alejandro Soto, presidente del Congreso de Perú. Foto: EFE

Entonces, para designar nuevos miembros debería haber otro concurso, a cargo de instituciones de las que se considera que ya fueron “tomadas” por el Congreso, como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y el Tribunal Constitucional. “Los congresistas pasarán, pero el daño que están haciendo a las instituciones tendrá enormes efectos en el futuro”, advirtió el analista político y exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Fernando Tuesta.

“Los congresistas pasarán, pero el daño que están haciendo a las instituciones tendrá enormes efectos en el futuro”

Con una JNJ hipotéticamente obediente a la alianza que lideran FP, PL y APP, se podrían hacer procesos judiciales que siguen o se podrían seguir contra miembros de esos partidos, incluidos sus máximos dirigentes, Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón y César Acuña, respectivamente.

Además, esa alianza y sus allegados podrían eventualmente manejar las votaciones mediante su acción sobre la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, de los cuales los dos primeros ya denunciaron públicamente hostigamientos en contra.