Evo Morales y Áñez, Bolivia

El gobierno interino de Bolivia llamó a dialogar a simpatizantes del ex presidente Evo Morales para desactivar las protestas que dejaron al menos 23 muertos y más de 700 heridos y evitar el desabastecimiento de La Paz, luego de que los cocaleros de Cochabamba dieran 48 horas a la autoproclamada mandataria Jeanine Áñez para que renuncie.

 

Sin embargo, el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales, exigió el "repliegue" de las Fuerzas Armadas como condición para conversar.

 

La convocatoria, anticipada más temprano por otros funcionarios, fue formalizada esta tarde por la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, y abarca a las autoridades del departamento La Paz y de la ciudad de El Alto, aledaña a la capital.

 

Noticias relacionadas

"Me es grato dirigirme a la valerosa ciudad de El Alto y en especial a sus personas representantes de los 14 distritos y las 20 provincias; el motivo de la presente es cordialmente participar en una mesa trabajo y diálogo conjunto para atender sus respectivas demandas en busca de poder llegar acuerdos que permitan pacificar", dijo al leer la carta de invitación, según la agencia noticiosa estatal ABI.

 

"No queremos nosotros intervenir a la fuerza porque no vamos autorizar una intervención agresiva, vamos a esperar que se agoten los mecanismos de diálogo", agregó el ministro de Hidrocarburos, Víctor Zamora, en relación con el bloqueo a la planta de combustibles de Senkata, en El Alto, que ya comenzó a causar desabastecimiento en la capital.

 

Pero el MAS ya había advertido que no dialogará mientras el gobierno no saque a las Fuerzas Armadas de las calles.

 

"Exigimos el repliegue de las Fuerzas Armadas; den condiciones para la paz, den condiciones para un diálogo sincero; no puede ser que mientras se está promoviendo el diálogo por un lado, por el otro se estén haciendo masacres con nuestra gente", afirmó la diputada Sonia Brito en rueda de prensa, acompañada por otros legisladores, según la agencia EFE.

 

En cambio, el MAS convocó para mañana "a todos los jefes de bancada (de las dos cámaras del parlamento) para trabajar, conversar, debatir sobre la coyuntura política", en "una clara muestra de que el MAS quiere pacificar este país", agregó la diputada masista Betty Yañíquez.

 

En tanto, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, sostuvo que hoy había bajado a la mitad la "intensidad" del conflicto y advirtió el gobierno iniciará acciones legales contra legisladores del MAS que inciten a la violencia.



Indicó que las protestas "han bajado 50% de intensidad", aunque todavía estaban "registrándose algunos enfrentamientos en Sacaba (departamento Cochabamba), si bien "disminuyendo la intensidad" de ellos, y permanecían abiertos focos de conflicto en El Alto y en Yapacaní (Santa Cruz).



Además, Murillo aseguró que el gobierno comenzará a perseguir penalmente a un grupo de legisladores del MAS por incitar a la violencia.



"Hay senadores y senadoras, y diputados y diputadas, no todos, unos cuantos, que están haciendo subversión; ya tengo listas, que los mismos dirigentes de varias zonas me están pasando, diciendo que los obligan a esto o aquello; se los va a empezar a detener con órdenes del Ministerio Público; voy a armar un aparato especial de la Fiscalía, porque no podemos permitir que esto siga", precisó.



Mientras tanto, el gobierno interino evitó pronunciarse sobre el ultimátum que los cocaleros de la región cochabambina de Chapare -donde surgió Morales como dirigente sindical- dieron anoche para que Áñez renuncie a más tardar en 48 horas.



En Sacaba, durante el velatorio de cinco de las víctimas de las protestas, los cocaleros advirtieron que si Áñez no dimite, realizarán un bloqueo nacional de rutas por tiempo indefinido, según El Deber y la agencia ANSA.



Paralelamente, otros grupos afines a Morales planean cercar completamente La Paz y El Alto mediante el bloqueo de sus accesos, e impedir su abastecimiento como forma de presión para lograr la renuncia de Áñez, según revelaron dirigentes no identificados al diario paceño Página Siete.



"A La Paz no tiene que llegar ni un grano de comida; se ha prohibido a los productores que saquen comida de sus chacras; es preferible que se pudra, que dar comida a los k'aras (blancos)", dijo un dirigente campesino.



Por otra parte, el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, afirmó que el polémico decreto que exime de responsabilidad penal a efectivos de las Fuerzas Armadas en relación con la represión de las protestas "de ninguna manera se transforma en una licencia para matar".



"Es un elemento disuasivo, porque lo que pretende el gobierno es sencillamente evitar la confrontación, lo que pretende es evitar que existan más muertes y, sobre todo, (pretende) que la paz social se restablezca en nuestro país", dijo Justiniano anoche, en rueda de prensa.



Ese decreto, conocido ayer, fue duramente cuestionado por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que hoy reportó que las protestas iniciadas el 20 de octubre dejaron 23 muertos y 715 heridos (de ellos, nueve muertos y 122 heridos solo el viernes pasado).