Nicaragua: Ortega acusó de "terrorismo" a una universidad jesuita y ordenó confiscar todos sus bienes

Universidad Centroamericana (UCA). Foto: Universidad Centroamericana

La Universidad Centroamericana (UCA), dirigida por jesuitas, en Nicaragua fue acusada de "terrorismo" por el régimen de Daniel Ortega y ordenó incautar sus bienes materiales tras congelar sus cuentas bancarias. No es su primera cruzada ya que en febrero de este año, autoridades ordenaron la detención de un obispo jesuita, Rolando Álvarez, a quien acusó de "conspiración".

La acusación no aparece en el sistema judicial por tratarse de un oficio fechado a 15 de agosto y las autoridades no suelen publicar este tipo de procesos, informaron una fuente judicial y otra vinculada a la universidad al medio opositor local Divergentes.

El presidente Ortega y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, disolvió este año cerca de una decena de universidades, al retirar la personalidad jurídica de varias de estas instituciones, en lo que se considera una medida represiva de las autoridades, que también cerraron partidos políticos y organizaciones no gubernamentales.

De acuerdo con fuentes del Ministerio de Gobernación que bajo condición de anonimato hablaron con Divergentes, el Gobierno del presidente Daniel Ortega ordenó la pasada semana congelar las cuentas bancarias de la UCA y de algunos de sus directivos.

Daniel Ortega, Nicaragua. Foto: EFE

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, aseguró en la red social X, antes conocida como Twitter, que se trata de "otra arremetida contra los derechos humanos en el país, ya que la UCA "ha sido un bastión de educación progresista y en defensa del movimiento estudiantil".

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Cruzada contra la iglesia

La UCA se convirtió en un lugar de encuentro entre manifestantes opositores desde la crisis sociopolítica iniciada en 2018, en la que murieron más de 350 personas, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Manifestación en iglesia de Nicaragua. Foto: EFE

El obispo Álvarez era parte de los dirigentes opositores que fueron deportados por el Gobierno, la Justicia y la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Nicaragua, en un operativo relámpago para liberar y deportar a 222 presos políticos, entre ellos religiosos, excandidatos presidenciales, diplomáticos y dirigentes con pasado de altos cargos en el sandinismo, despojarlos de su nacionalidad, inhabilitarlos en forma perpetua para ejercer cargos públicos y enviarlos a Estados Unidos.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ofreció a interceder ante su par de Nicaragua en relación con los religiosos detenidos en el país, pero no precisó si lo hacía por petición del papa Francisco, con quien se había reunido en junio en el Vaticano.