Se endurece el régimen de Ortega en Nicaragua: propone penas de cárcel contra desobedientes y policías desertores

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Foto: NA.

El régimen sandinista que maneja los destinos de Nicaragua se va endureciendo y no solo con diversos sectores políticos opositores. De un tiempo a esta parte, el Gobierno encabezado por el presidente Daniel Ortega se ha puesto en el ojo de la tormenta como consecuencia de las medidas adoptadas y los permanentes avances para controlar todos los estamentos de la sociedad en el país. Por ésto, las objeciones y las airadas críticas internacionales no demoraron mucho en llegar.

En este comlejo contexto, bajo la atenta mirada sobre todo de administraciones a nivel regional; el mandatario avanza unos pasos más mediante el accionar de sus propios legisladores sandinistas, quienes han presentado una reforma a la Constitución Política y otra a la Ley de la Policía Nacional, por la que se elimina la naturaleza "profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante" de esa institución, y se ofrece cárcel a los oficiales desertores y desobedientes.

Vale destacar que el sandinismo cuenta con una mayoría absoluta en la Asamble Nacional, que es el parlamento nicaragüense; y que con este marco las dos iniciativas presentadas buscan ser tratadas en caráctar de urgente.

El Gobierno de Ortega busca, con esta movida; reformar el artículo 97 de la Constitución Política de Nicaragua, el cual establece el marco legal de las fuerzas de seguridad.

La propuesta elimina el principio de que la institución del orden público es un cuerpo armado "profesional, apolítico, apartidista, obediente y no deliberante", así como "de naturaleza civil". Así mismo, subordina la Policía Nacional al Presidente de la República, en este caso al mandatario Daniel Ortega.

Actualmente, según la Constitución, la Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, consuegro de Ortega, se rige "en estricto apego a la Constitución Política, a la que guardará respeto y obediencia" y que "estará sometida a la autoridad civil que será ejercida por el Presidente de la República a través del ministerio correspondiente".

"La Policía Nacional depende de la autoridad ejercida por el Presidente de la República, en su carácter de Jefe Supremo y en estricto apego a la Constitución Política a la que guardará respeto y obediencia", señala la propuesta.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua; junto a su esposa. Foto: NA.

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Castigar a quienes desertan

El grupo parlamentario del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) también propuso reformar la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, en la que incluye tres nuevos artículos para castigar a los oficiales desertores y desobedientes.

Respecto de la deserción, la propuesta establece que "el personal policial que abandone el servicio, lo que se considera deserción, incurriendo en un perjuicio grave a la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de dos a tres años de prisión".

En cuanto a incumplimiento de deberes, la iniciativa establece que "el personal policial que sin causa justificada desobedezca las órdenes de sus superiores, en perjuicio de la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de seis meses a dos años de prisión".

Esa propuesta surge luego de que el abogado nicaragüense exiliado Yader Morazán revelara que la subcomisionada María de Jesús Guzmán Gutiérrez, jefa de bloque en el departamento de Matagalpa (norte), desertó de las filas policiales y se fue a Estados Unidos.